La política es dialéctica. Los papeles se invierten y los roles cambian. De esa forma, los funcionarios y políticos que en el gobierno pasado tenían en sus manos el combate de la pobreza, la inseguridad y la corrupción, hoy alzan sus voces críticas contra los que ocupan sus lugares, pese a que desde sus puestos y con los recursos públicos a su disposición no solucionaron esos problemas.

Estrategia política, incongruencias y desgaste, son algunas lecturas que se pueden hacer de esta dinámica.

Sandra Torres, aspirante a la Presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, es una de las principales críticas del Gobierno de Otto Pérez Molina. En su papel de opositora, la ex Primera Dama realiza duros señalamientos sobre los precios de la canasta básica, el desempleo, la inseguridad y la desatención a los programas sociales en la gestión del Partido Patriota, su enemigo de antaño.

Sin embargo, Torres una vez estuvo en el lugar de Pérez Molina –como la influyente esposa del presidente Álvaro Colom, dirigiendo el gabinete de gobierno– y tuvo la oportunidad de combatir los problemas que ahora critica, pero los resultados de su trabajo fueron cuestionables.

La inseguridad fue una constante en el gobierno de Colom, así como la opacidad en el manejo de los programas sociales, los precios acordados para los precios de la canasta básica no duraron ni un año y jamás se sustentaron las cifras de los nuevos empleos que supuestamente se crearon. A eso hay que agregarle la poca transparencia con que se manejaron los programas sociales.

¿Por qué estando en el poder no resolvió los problemas que ahora critica con agudeza? Los papeles se invirtieron.

DINÁMICA POLÍTICA

“Esto es una tendencia que ha permanecido aparentemente en todos los gobiernos democráticos. Pero gobierno tras gobierno, las críticas y señalamientos se están haciendo cada vez más fuertes y descarnados. Anteriormente había una crítica más razonable inclusive más profesional y de altura. En cambio ahora es pegar con todo, buscando básicamente el desgaste del partido que está haciendo gobierno. Ese es el objetivo”, refiere el analista independiente Renzo Rosal.

A decir de Rosal, esta falta de coherencia también obedece al sentido de demostrar que el Gobierno en el que fungieron los exfuncionarios o políticos, sea cual sea, es mejor a cualquier otro, y por lo tanto hay una combinación entre una supuesta experiencia y una supuesta precepción de poder hacer una mejor gestión mejor que las autoridades actuales.

Según el investigador, esto termina siendo una actitud aparentemente normal, que al final de cuentas, hace ver que esta situación es “una competencia entre gobiernos”, cuando en realidad los desafíos y problemas que tiene el país van mucho más allá y son mayores a la supuesta competencia de gestiones.

Además, menciona que ante la falta de argumentos técnicos, la competencia de gestiones termina siendo el argumento más fuerte pero finalmente son argumentos engañosos y superficiales por parte de los que ahora dicen llamarse analistas y críticos de Gobierno.

“Puede que haya una parte de lógica, una parte que se justifica en el sentido de que sí se estén cometiendo muchos errores y que las gestiones actuales han tratado de minimizar. En esto hay una parte de realidad. Por otra parte, la mejor forma de mantenerse políticamente es despotricando contra el gobierno siguiente”, refiere Rosal.

TORRES GUARDA SILENCIO

Se trató de conocer la postura de la ex primera Dama, Sandra Torres Casanova; sin embargo su relacionista público indicó que no quería opinar para evitar susceptibilidades, a pesar de que en varias ocasiones se ha pronunciado en otros medios contra la forma de implementación de los programas sociales en el actual Gobierno y ha criticado fuertemente la gestión de Pérez Molina.

De este modo, delegó esta función al ex viceministro de Finanzas, Carlos Barreda; el también diputado del Congreso de la República inicia diciendo que Sandra Torres no era una funcionaria pública, sino que solo colaboró y apoyó al presidente Álvaro Colom en la implementación de sus estrategias.

Un aspecto negativo que destaca Barreda de la administración de Otto Pérez es que no se toma en cuenta la condicionalidad en los programas sociales, además de la temporalidad de los mismos.

“Recordemos que el programa Mi Familia Progresa que hoy se llama Mi Bono Seguro depende de una condicionalidad, que hay que verificar, es decir que para pagar la transferencia condicionada se tuvo que verificar que los niños estén estudiando o que la madre esté yendo a los centros de salud”, expone.

El congresista no descarta los problemas que se pudieron registrar en el tema de corrupción y falta de transparencia al otorgar los beneficios durante la gestión anterior, pero recalca que hasta el momento no hay ningún señalamiento concreto o algo que se haya demostrado o comprobado de los negocios o temas que se les imputa.

“Que pudo haber clientelismo o aprovechamiento de algunos alcaldes o diputados, pudiera ser, como en el Gobierno actual. Eso tampoco lo podemos dejar de señalar críticamente. Tiene que haber mayores controles y una mayor eficiencia en los resultados que puedan obtenerse”, finaliza Barreda.

FINANZAS CUESTIONABLES

En materia de finanzas públicas, el actual Gobierno ha sido altamente cuestionado por el otrora ex viceministro de Finanzas Ricardo Barrientos, desde una entidad de análisis en estos temas.

Barrientos ha sido claro en decir que la actual administración abusa en su política de endeudamiento y pago de compromisos políticos, así como en gastos superfluos y no se concentra en el gasto social.

No obstante, el Gobierno de Álvaro Colom era señalado también de componendas políticas y malversación de fondos en su momento, sin que las autoridades pudieran aclarar la situación en la mayoría de casos, incluyendo además un aumento de la deuda pública y la adquisición de deuda flotante –sin respaldo legal– en el Ministerio de Comunicaciones.

“El Gobierno está conduciendo finanzas públicas en 2013, de manera  muy similar en la que se condujeron en 2009. Efectivamente, en 2009 se incrementó la deuda pública, pero se utilizó para atender una crisis económica de carácter mundial. En cambio ellos están en una tendencia de endeudamiento sin crisis global. La crisis la están creando ellos”, se justifica Barrientos.

El también analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales menciona que cuando fungió un cargo público desde 2009, trató de advertir sobre lo peligroso que podría resultar el pago de la denominada deuda flotante a través del primer informe de Política Fiscal que emitió el Ministerio de Finanzas Públicas.

También aclara que la deuda flotante son contratos que los ministros suscriben sin tener el respaldo presupuestario y es por eso que no se registran en los sistemas de administración financiera de contabilidad, por lo cual el ministerio de Finanzas Públicas es “ciego” ante esta situación.

“En el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto, no está la responsabilidad del ministerio de Finanzas; es responsabilidad de los ministerios ejecutores y se establece que la responsabilidad es de quien firma el contrato”, expresa el analista en materia fiscal.

“LOS CANDIDATOS SE EMOCIONAN”

Si la gestión de Pérez Molina es criticada por la oposición ante la falta de resultados efectivos en materia de seguridad, el Gobierno pasado se encontraba en la misma situación.

Por su parte, el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, alejando del tono confortativo que antes le caracterizaba,  admite que todo es producto de que tanto los candidatos a la Presidencia así como otras figuras públicas se “emocionan” en la campaña y empiezan a elevar promesas, en este caso en materia de seguridad.

“En las campañas electorales, los candidatos se emocionan y ofrecen cosas hasta poco coherentes. En el gobierno del presidente Colom nunca se habló de reducir la tasa de delitos; se habló de combatir la violencia con inteligencia. Lo que se hizo fue la persecución penal de estructuras dedicadas al sicariato, encarcelarlas y enjuiciarlas; sacar de las calles a los sicarios”, argumenta.

Según Menocal, por esa razón, durante dos años de su gestión, fue más cauto al decir que en efecto, a medida que no se fortalezca la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial no se tendrán resultados como una reducción en la tasa de homicidios, por ejemplo.

El exfuncionario se excusó diciendo: “Por supuesto que los desafíos para Guatemala aún son enormes, y creo que no se pueden lograr en un periodo presidencial, sino más bien se pueden hacer cirugías mayores para que el tema agonizante de la seguridad empiece a tener ciertos respiros”.

Finalmente, Menocal sugiere fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, con recursos y con asignaciones presupuestarias fuertes y sólidas, para cambiar el panorama complejo del país, sin descartar la modalidad de la compra por excepción para el efecto.

“Todo lo que suene a compras por excepción, dados los antecedentes suena a cierto albur. Lo que sí creo es que el tema de la seguridad y la justicia deben tener procesos de planificación. Si se van a graduar 2 mil policías se tiene que planificar la compra de 2 mil armas. La ley de excepción solo debe utilizarse en casos de suma emergencia”, dijo.

TENDENCIA CONTINUARÁ

Cabe mencionar que para Renzo Rosal, los funcionarios del actual Gobierno que ahora acusan ser atacados por los denominados exfuncionarios analistas y críticos, seguramente continuarán con la tendencia y harán las mismas acusaciones cuando el partido entrante tome el poder.

“Lo mismo harán los patriotas con el siguiente gobierno; lo mismo hicieron los patriotas en contra de la UNE. Se justifica cuando hay argumentos pero no cuando se utiliza de manera muy superficial y para determinar qué gestión fue mejor”, puntualiza el analista.

Es así que mientras la situación en el sector estatal de salud es “in extremis” compleja, debido a las carencias permanentes en los hospitales y centros asistenciales;  la conflictividad social crece al igual que la brecha de desigualdad económica y que genera pobreza extrema, y el gobierno no haga más que parches temporales; y mientras la llamada oposición no brinde soluciones claras, las condiciones de un Estado fallido podrían darse en breve; como señaló hace un par de semanas María del Carmen Aceña, exministra de Educación en tiempos de Óscar Berger.