48 muertes que nos deben hacer cambiar


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Han pasado 8 días desde aquel trágico accidente que estremeció un lunes que parecía tan normal y cotidiano como muchos otros. En San Martín Jilotepeque quedan dolorosos rastros y en el colectivo de los guatemaltecos la tragedia empieza a tomar un segundo plano, siguiendo el rumbo que han tenido muchos otros accidentes de transporte colectivo que se han suscitado en Guatemala.

Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt


Lastimosamente no ocurre lo mismo para los deudos, porque contrario al olvido social que empieza a darse, ellos deberán llevar su pena y dolor el resto de sus días. Puede que la vida les vuelva a sonreír a pesar que viven en condiciones de pobreza y marginados del desarrollo, pero ello no quiere decir que este golpe se borrará con el paso del tiempo.

Estas 48 muertes nos deben hacer reflexionar y nunca se nos deben olvidar para intentar hacer cambios que nos permitan salvar vidas humanas; cambios que dependerán de nosotros porque si solo lo dejamos en manos de los transportistas y de los políticos, lo único que harán es acordar cómo será la movilización de los votantes en las elecciones y con ello los empresarios se garantizarán más subsidios, impunidad y cero controles para lucrar a costa de la necesidad y el dolor de la gente.

Al día siguiente del accidente, el presidente de la Gremial de Rutas Cortas, Gamaliel Chin, en A Primera Hora dijo que las sobrecargas se deben a los intereses perversos de los gerentes (los pilotos de los buses) de la oficina en tránsito (la camioneta) de llevar gente más allá de la capacidad permitida con el afán de poderse quedar con una buena tajada y que era responsabilidad de las autoridades, por lo que emplazaba a Raymundo y medio mundo para que cumplieran su papel.

Gracias a Dios estaba invitado el diputado Luis Contreras, quien le dijo que se dejara de babosadas, porque los dueños de los buses le dicen a los choferes, “quiero mil quetzales de cuenta y el resto es tuyo; de ahí sacás tu sueldo, de ahí sacás para las reparaciones de las llantas del bus, para el diésel” y no hay que ser científico de la NASA para entender que ellos mismos son los que generan el sistema perverso que ahora quieren cargar sobre los pilotos.

Además, comentó el diputado que cuando presentó la iniciativa de ley para regular la velocidad de “las oficinas en tránsito” como dice Chin, fueron los mismos “empresarios” los que se opusieron a los controles. Debemos abrir los ojos y darnos cuenta que el sistema de transporte es el fiel reflejo de nuestro sistema fallido.

Claro que es necesario y conveniente regular la velocidad de los buses usando la tecnología, pero no debe ser lo único, porque todo será más efectivo el día que veamos a los transportistas en general pagar las consecuencias de su irresponsabilidad; el día que se les cuente las costillas por el manejo del subsidio; el día en que tengamos multas que los motiven a cumplir con las regulaciones; el día que veamos que les retiran sus unidades, ya no digamos el día que se les pueda procesar penalmente por complicidad por las acciones u omisiones que con sus “gerentes” realicen y que dan paso a las tragedias.

Hoy debemos levantar la voz por aquellos que no tienen una voz, hoy debemos ser ciudadanos para clamar porque no se pierdan más vidas en el transporte colectivo derivado de la irracional irresponsabilidad de un sistema que repito, vive en una impunidad que se alimenta cada elección cuando los transportistas y políticos pactan la movilización el día de las elecciones.

Debemos apoyar al diputado Luis Contreras y aquellos que se atrevan a realizar propuestas que contribuyan a resolver el problema. Ya dijo Chin, con descaro, que no es necesaria más regulación, porque en Guatemala es fácil burlar una ley, no digamos un reglamento que deben hacer cumplir los mismos que son comprados por los transportistas.

Ya no podemos callar más y cualquier esfuerzo será valioso si podemos evitar aunque sea la muerte de un guatemalteco y el dolor de una familia entera. Basta ya de las irresponsabilidades en el transporte colectivo con la complicidad de los políticos.