La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas, inició el último período de su mandato en el país con la investigación de 68 casos activos; datos del último informe de labores de dicho órgano internacional revelan que se han recibido alrededor de 95 denuncias, 31 investigaciones se encuentran abiertas y 68 están activas, información que comprende de septiembre de 2012 a agosto de 2013.
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Según el informe de labores de la CICIG, presentado en agosto pasado, durante el período reportado se registraron avances significativos en las fases de investigación y preparatoria, en contraste con los “cuellos de botella” presentados en la etapa intermedia y de juicio. De cinco causas penales que llegaron a la etapa de juicio, se obtuvieron cinco sentencias y 18 condenas.
Los factores de incidencia más determinantes para el avance de los casos en Guatemala tuvieron relación con la aceptación de la CICIG como querellante adhesivo, la estimación de pruebas técnicas, periciales y testimoniales, la celeridad en los términos de los procesos en varios casos y el otorgamiento de las acciones constitucionales, interpuestas por la CICIG, para superar fallas en la interpretación de la ley por parte de algunos jueces.
La Comisión ha actuado como querellante adhesivo en dos casos y ha actuado en otros sin ser querellante adhesivo en 16 procesos, además ha realizado en el acompañamiento en declaraciones judiciales en 122 casos; en 19 más ha dado el acompañamiento en declaraciones ante el Ministerio Público y también ha dado su apoyo en 23 allanamientos judiciales y en 55 capturas judiciales.
DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS
Durante el presente período la CICIG hizo uso de sus facultades para denunciar ante las respectivas autoridades a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo presuntamente han cometido infracciones administrativas y penales, particularmente en contra de aquellos responsables de obstaculizar el ejercicio de las funciones o facultades atribuidas a la Comisión.
El total de denuncias a funcionarios fueron 25, entre ellos 16 jueces y magistrados por el delito de prevaricato, 2 agentes y 1 comisario de la Policía Nacional Civil, estos por contrabando y asociación ilícita, 4 técnicos aduaneros por defraudación aduanera y asociaciones ilícitas, 1 alcalde y 1 tesorero de la municipalidad de Antigua Guatemala, estos últimos por los delitos de fraude, concusión y asociación ilícita.