En Guatemala es absolutamente necesario regular el tránsito de todos los vehículos automotores, pero de manera muy especial, por las enormes implicaciones sociales del tema, es fundamental que se establezca una eficiente regulación del transporte de pasajeros, negocio que ha dejado de ser un servicio público para convertirse en un negocio en el que abundan los piratas que se aprovechan del absoluto estado de indefensión de los usuarios, condenados por su necesidad a jugarse cotidianamente la vida en un sistema ineficiente y, sobre todo, tremendamente inseguro.

Ni el transporte urbano ni el extraurbano han sido objeto de adecuada regulación y son negocios particulares que lucran con lo que tendría que ser, conceptual y prácticamente, un servicio público como se entiende eso en todos los otros países del mundo. Desde hace algunos años, el poder de los transportistas para el acarreo de personas al servicio de los partidos políticos se ha convertido en una forma de influir para asegurarse beneficios que van desde el aporte en efectivo que ha hecho el Estado y algunas municipalidades, hasta la ausencia de control y regulación que es la patente de corso para que los empresarios hagan lo que les da la gana.

En términos prácticos, los transportistas urbanos y extraurbanos se convierten en parte del mecanismo de financiamiento corrupto de los partidos políticos que genera un constante tráfico de influencias. La razón por la que el Congreso no regula legalmente el transporte es porque los transportistas tienen sus influencias entre los diputados y en la dirigencia de los partidos para impedir que pueda haber un instrumento que los someta a control en beneficio del usuario.

Pero cuando se producen tantas muertes como las que anualmente se suman  por percances de tránsito que no son accidentales sino causados por los vicios del sistema, es imperativo actuar y ponerle remedio a la situación. Algunos sectores se ofenden cuando se habla del nuestro como un Estado Fallido, pero la incapacidad que tiene para regular cuestiones tan esenciales y básicas como el servicio de transporte de pasajeros es una muestra palpable, palmaria y patética, del carácter fallido de nuestras instituciones que no tienen ni medios, ni instrumentos, ni ganas o voluntad de atender una cuestión tan seria como el peligro constante en que se encuentra la vida de los usuarios del transporte público.

Y como el usuario es el guatemalteco sin voz, el guatemalteco que conforma esa mayoría silenciosa de quienes no tienen acceso a los medios o a los círculos del poder para hacerse oír, el resultado es la indiferencia criminal, léase bien, indiferencia criminal de las autoridades. Por esos millones de guatemaltecos es que hoy elevamos nuestra voz exigiendo responsabilidad.

Minutero:
No olvidemos la tragedia
que ha enlutado a la Nación;
terminemos la comedia
cimentada en corrupción