La disyuntiva entre incentivos y privilegios es otra de las cuestiones económicas que merece discutirse ampliamente. Y es que esta disyuntiva nos ha venido afectando por años, puesto que su reflexión detenida, objetiva y realista no se ha tenido, sino al contrario, generalmente se posterga y se evade.

Principalmente en la actualidad cuando el modelo económico busca propiciar la inversión dejando en el libre juego de la oferta y la demanda la búsqueda del equilibrio del mercado y en donde el precio constituye el elemento que asigna la relación entre oferta y demanda, resulta imprescindible discutir con seriedad la diferencia entre incentivos y privilegios.

Los incentivos no son malos por principio, constituyen instrumentos que el Estado generalmente utiliza para propiciar condiciones de despegue a las empresas o bien significa la exoneración de impuestos para aquellas empresas que se encuentran en un proceso inicial de consolidación.  Sin embargo, en el marco de estos incentivos, tal como nos ocurrió en las décadas de los setenta y ochenta, se generó un tejido industrial que no creció como se esperaba, sino al contrario se “relajó” con sus productos y se quedó trabajando con su pequeño mercado, con lo cual no se modernizó ni tecnológica, ni en procesos, no se articuló al mercado externo y terminó cayendo presa de la apertura económica de los noventa.

Con la creación de las Zonas Francas, se propició otra suerte de incentivos buscando que las unidades económicas empresariales tuvieran la oportunidad de consolidarse sobre la base de una serie de exoneraciones fiscales, pero con la condición de que el incentivo fuera temporal, se produjeran mayores inversiones de capital y tecnológicas, así como se generara una buena cantidad de empleo, principalmente empleo decente como le llama actualmente la Organización Internacional del Trabajo.

Este nuevo esquema de incentivos no trajo consigo un proceso sistemático de análisis y evaluación con respecto a las empresas que se acogieron al mismo, con lo cual, se han propiciado una serie de trucos y atajos, como empresas que abren, utilizan los incentivos por unos años, luego cierran y de nuevo abren con otros nombres, para hacer uso nuevamente de estos incentivos.  En una palabra se pasó justamente de la disyuntiva planteada al inicio: del incentivo al privilegio, con lo cual, el planteamiento inicial de contribuir a la inversión, la atracción de capital e inversión extranjera y profundizar la modernización y la competitividad, se perdió completamente.

Hoy estos privilegios constituyen un monto de alrededor de Q18 millardos que el Estado deja de utilizar en forma más inteligente y prioritaria y que representan entre el 3% y 4% del PIB, en dinero hundido en construir privilegios sin sentido y que únicamente benefician a empresas aprovechadas y por demás ineficientes.

Este incentivo que se convirtió en un privilegio sin sentido, se convierte también en un enorme costo de oportunidad para la sociedad y para aquellas empresas que sí pretenden competir e insertarse en la modernidad de la economía.