Con esa pregunta aparentemente inocua, iniciaba su lección inaugural un catedrático del curso de teoría política sobre Guatemala. La materia no presentaba una especial relevancia en el pénsum de los alumnos de la carrera de Derecho de la universidad pública, sin embargo el hecho de ser un curso obligatorio del pénsum hacía que una gran cantidad de alumnos abarrotaran el aula, algo que de cualquier forma era inevitable, en un centro de estudios que ha excedido su capacidad de aforo.

Tal cantidad de alumnos queriendo ser abogados no es un buen signo del sistema de educación formal universitaria; es el reflejo de la pulsión colectiva de un sector de una clase media maltrecha, que yace inmersa en el afán por obtener la instrucción mínima, para poder situarse en mejor posición económica y acumular. La universidad ya no es pues el lugar para generar conocimiento crítico sobre la realidad, a partir de una política de investigación propiciada por un Estado para que se constituya a su vez, en ideas sistematizadas que puedan ofrecer alternativas en los distintos campos de la ciencia para beneficio amplio de la sociedad. Asumiendo esa realidad, el profesor decide lanzar ese reto a los alumnos para que pueda cada uno de los abogados en potencia, cuestione cuán republicano es el Estado guatemalteco, tal como lo dan por sentado los prolegómenos de la mayoría de las leyes locales, incluida su Constitución. La frase escrita en una larga pizarra color verde se constituiría en una pregunta generadora de debate y contradicción. El profesor, un viejo intelectual que otrora había sido un líder político de una era democrática y en la que el Estado sobreponía los intereses de la mayoría, había decidido que su cátedra sería un espacio de debate, con la esperanza de implantar una idea en algún portador que luego coadyuvara al proceso de desarrollo de un Estado que fuera más público y menos privatizado. Los alumnos, en su mayoría pasarían a enlistar inminentemente las filas del imperio de la ley, como soldados que blanden sus armas legales para obligar la vida política y social. Pero seguramente de ese grupo también saldrían los futuros decisores de acciones claves para el Estado. El debate entre alumnos y el profesor pasaría por repasar al menos nueve elementos que constituían la definición clásica de República. Así, se reparó sobre la responsabilidad de los políticos y los funcionarios públicos; sobre la separación y el control de poderes; sobre la periodicidad de los cargos públicos; el  ejercicio ciudadano como acción soberana que pone y depone; la práctica de respeto y tolerancia a las ideas opuestas; la igualdad ante la ley; la publicidad de los actos de gobierno; y la honorabilidad como condición para optar a cargos públicos. Alguien argumentaba que la democracia era muy joven en este país; otro lanzaba el absurdo cuestionamiento que países más homogéneos se ha superado más rápidamente (!); se han perdido los valores dijo uno, tratando de llamar a una débil reflexión ética. Otro expresó que el pecado original estuvo en los acuerdos de paz que no dieron paso a una democracia participativa sino solo procedimental. Finalmente un alumno desde la parte trasera del salón de clase, levantó la mano para externar su opinión: “el problema no es resolver la cuestión si este país es una República, sino preguntarse cuánta democracia aguanta la República de Guatemala?, cuán demócrata puede ser la democracia misma como sistema político?”. La clase había terminado.