Periódicamente recibo la revista digital del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, bajo la dirección del sociólogo Edgar Gutiérrez, y en esta ocasión llamó mi interés la investigación que sobre las maras, consideradas un fenómeno criminal, que elaboró el penalista Julio Rivera Clavería, valorando su experiencia de ex viceministro de Gobernación.

El autor de este informe comienza con explicar el origen y el historial de estos grupos de jóvenes delincuentes organizados, que inicialmente, a principios de la década de los ’80, se dedicaban a actividades criminales menores y al consumo de drogas y se ubicaban en áreas de las zonas 5 y 6; pero con la expulsión de pandilleros centroamericanos, especialmente salvadoreños, del territorio norteamericano a causa de sus conductas delictuosas y su calidad de ilegales, fueron creciendo y expandiéndose en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos gobiernos las enfrentaron mediante políticas meramente represivas.
   El criminalista expone las características de las maras, como sus códigos de conducta, el sentido de pertenencia de sus integrantes, las funciones que desempeñan, sus crueles ritos de iniciación, su férrea solidaridad, así como señala las causas de la proliferación de esas pandillas, que desde la perspectiva de constituir un fenómeno socio-criminal estructural, es el resultado de un entorno social conflictivo derivado de la pobreza, falta de oportunidades de acceso a la educación, al trabajo y la salud, la desintegración familiar y violencia intrafamiliar, abusos sexuales y consumo de drogas.
  
Esos factores contribuyen a una formación criminal precoz de pura supervivencia, aunado al desinterés de la sociedad en búsqueda de soluciones, además de la debilidad del Estado y la ausencia de políticas públicas de prevención, rehabilitación y reinserción social, que pudieran ser el camino que condujera a enfrentar y eventualmente resolver este agudo problema, según lo deja entrever Rivera Clavería, porque en el resto de la investigación no plantea estrictamente posibles salidas o medidas concretas y específicas, a no ser generalidades sobre políticas de desarrollo social.
  
Sin embargo, al enfocar los rasgos puntuales y sobresalientes del entorno familiar y geográfico, y los efectos sociales y económicos que provocan las ilícitas actividades de las maras, si las autoridades del Estado se lo propusieran pudieran encaminar su pasos a encarar desde una posición no solamente represiva sino desde dimensiones más profundas esta manifestación criminal, para solucionar hasta donde las posibilidades y recursos de toda naturaleza lo permitan, incluyendo, por supuesto, políticas de combate a la pobreza y demás factores señalados anteriormente.
  
La existencia y proceder de las maras se torna más grave para la sociedad y hasta la estabilidad del Estado, porque además del predominio de extorsiones como fuente primaria de sus ingresos, se agregan el sicariato, el narcomenudeo, tráfico de drogas y de ilegales, homicidios y asesinatos por encargo y la utilización de estas pandillas de parte del crimen organizado con el consiguiente lavado de dinero, especialmente del narcotráfico.
  
Este análisis del penalista Rivera Clavería podría ser punto de partida para ahondar en la investigación de las maras como fenómeno criminal, a fin de que, identificadas sus características individuales y colectivas, puedan ser atacadas globalmente antes que sus efectos se multipliquen aún más y lleguen a estar totalmente fuera de control.  
   (El extorsionado comerciante Romualdo Tishudo, padeciendo de angustiosa psicosis visita al psiquiatra, que le cobra Q800 de entrada. El paciente reclama:-Oiga, doctor, es mi problema el que quiero resolver; no el suyo).