Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), denunció que la deuda flotante, la cual fue adquirida sin el respaldo legal del Congreso por el Ministerio de Comunicaciones y calificada como ilegal por altas esferas del Gobierno, se está pagando, con base al decreto 30-2012, artículo 52 del presupuesto de 2013.

Según lo estipula dicho artículo, en el quinto párrafo, “De existir saldos pendientes de pago por obras, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, los mismos deberán de ser cubiertos con los recursos asignados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil trece de la Entidad o Consejo Departamental de Desarrollo de que se trate, y para el efecto deberá de realizarse la reprogramación de obras respectiva como lo establece el presente Decreto”.

El total de la deuda flotante asciende a Q3 mil 393 millones.

A decir de Montenegro los fondos para pagar la deuda podrían provenir de la inconclusa Franja Transversa del Norte, que al principio tenía un presupuesto de Q570.7 millones y que después fue reducido a Q50 millones.  A pesar de que el pago puede ser considerado “legal”, la funcionaria recalcó que es ilegítimo, ya que no se estimó dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos.

De igual forma, la reprogramación que refiere el Decreto podrán realizarla las entidades, mediante la resolución de la máxima autoridad, con excepción de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.

ILEGALIDAD Y PAGOS

La deuda flotante es investigada por el Ministerio Público, en tanto que existe la posibilidad de que los exfuncionarios del gobierno que adquirieron compromisos hayan incurrido en delitos.

Incluso, el presidente Otto Pérez Molina reconoció que había ilegalidades en la deuda flotante; El Ejecutivo propuso la emisión de bonos para pagarla, pero finalmente no consiguió hacerlo efectivo.

Según Montenegro, el pago de la deuda pública se ha hecho efectivo a no menos de treinta y seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con una suma total de 226.9 millones de quetzales, en lo que va del año. Según el informe, a una de las ONG, que no presenta nombre, se le acreditÓ el pago de Q30.8 millones.

Otras ONG que cobraron el pago del adeudo no han ejecutado ningún porcentaje de la obra, aun así continúan apareciendo en la lista de empresas  a las que debe honrárseles la deuda. “¿Por qué esta en esa lista?, ¿será de las listas que están incurriendo anómalamente sin que la Contralora lo revise?”, preguntó Montenegro.

Caminos que adeuda 1 mil 418 millones, tiene 199 contratos de supervisión, que es cuando los contratistas contratan a otra empresa para que supervise el estado de las obras al finalizar el tiempo de construcción, por el cual cobran al Estado millones, asegura la diputada.

HABRÍA MÁS

La parlamentaria de EG, aseguró que aunque sólo conocen la cancelación de la deuda en estas ONG, podría haber más que aún no han salido a la luz. En este punto, tocaría reunirse con Nora Segura, de la Contraloría General de la Nación (CGC), para pedirle que emita una opinión al respecto y que a partir de esto realice las auditorías correspondientes.

A decir de Montenegro, la Contralora no puede ampararse de no haber conocido este proceso en que el pago no está dentro del presupuesto,  pues ya se está pagando con fondos del estado.  La bancada EG prevé plantear una denuncia contra Segura de no emitir una explicación al respecto, por no haber denunciado el pago de la deuda flotante.

Se intentó contactar al Director de la Cámara Guatemalteca de la Construcción y  al Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para conocer su versión pero no contestaron  los requerimientos de La Hora.