La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 15 extrabajadores del Registro de Información Catastral (RIC), sindicados por falsedad ideológica, caso especial de estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Los detenidos argumentan que las capturas fueron por “represalia”, por conformar un sindicato y buscar su reinstalación en el puesto.

Las fuerzas de seguridad detuvieron esta mañana a Édgar Armando Ordóñez Armas, de 40 años; Édgar Armando Ruiz Sosa, 30; Maryori Liliana García Pineda, 25; Lilian del Carmen Morán Grijalva, 29; Andrés Alfonso Morataya Morales, 39; Zulma Ivón Álvarez Velásquez, 37; Amanda Argentina Gómez Gómez, 40; Silvia Roxana Castro Álvarez, 37.

Además, Erick Estuardo Arroyave Galdámez, de 35 años; Lesbia Margarita Santizo Hernández, 31; Yesica Andrea Pérez González, 33; Fanny Kimberly Ramírez Lara, 29; Julio Darío Pérez Suy, 37; Armando García Toj, 44; Joaquín Cuellar, 34.

Las detenciones se efectuaron en Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Escuintla y Chimaltenango.

Por aparte, Emilia Ayuso, directora del RIC, explicó a La Hora que interpuso la denuncia en contra de los extrabajadores porque tenían que entregar servicios técnicos y no lo hicieron, mientras que el RIC les efectúo los pagos.

Según la funcionaria, el trabajo de los analistas catastrales consiste en entregar una ficha de campo y comparar la información que se obtiene de una investigación registral, que se hace del registro de la propiedad de las fincas inscritas, ahí se comparan medidas, se analiza si es rural o urbana, la dirección, la jurisdicción; ellos deben llevar una ficha con esos productos que ingresan al sistema.

“De esa comparación ellos ingresan esa ficha que queda grabada en el sistema como un producto terminado, pero ellos no entregaron de acuerdo al contrato lo que tenían que entregar y, por esa razón, se les pagó aproximadamente como Q800 mil en productos que no entregaron”, refirió.

“REPRESALIA”

Las personas detenidas argumentaron que su captura responde a una “represalia” por conformar un sindicato, que buscaba reinstalarlos en sus puestos como analistas catastrales, tras ser despedidos.

“Desde el mes de marzo conformamos el sindicato y el 2 de abril, cuando ellos se enteraron de nuestra conformación, nos cerraron las puertas y tomaron una serie de medidas de persecución en contra de nosotros, antecedentes que están en el Ministerio Público (MP), en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), hay antecedentes internacionales de la persecución que somos objeto”, refirió Édgar Ruíz, secretario general del sindicato.

Ruiz explicó que debido a la remoción de esos cargos ellos accionaron legalmente contra el RIC y para el 12 de septiembre se fijó una vista en segunda instancia en la Sala Tercera de Trabajo, “es una detención estratégica para que no comparezcamos y se nos declare como trabajadores en segunda instancia en un juzgado de trabajo”, declaró.

Ayuso fue consultada sobre estas acusaciones, pero respondió que la institución no ha tomado represalias contra ellos, pues tenían vigente su contrato hasta el 28 de febrero y cuando conformaron el sindicado –donde no fue notificada– ya no tenían contrato vigente con la institución y ellos no tenían calidad de trabajadores, porque estaban contratados como prestadores de servicios técnicos.