El contrato de arrendamiento entre el consorcio panameño, Grupo Wisa (mejor conocido como “La Riviera”) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que se encuentra en casación por no haber tomado en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado, creó un vínculo con la SAT que nadie ha traído a colación.

Resulta ser que la cláusula novena de la escritura pública donde se plasma el contrato, se refiere a un derecho de explotación del área arrendada por el cual se tenía que pagar a la DGAC, US$4 millones 617 mil 777. Las condiciones de cómo se pactó dicho pago quedaron plasmadas así: el 20% se tenía que dar a los 5 días de haber firmado el contrato, el 30% al inicio de sus actividades y el 50% al momento de obtener autorización por parte de la SAT “para operar como Depósito Aduanero y cumpliendo todos los requisitos legales necesarios en Guatemala para realizar una Tienda Libre de Impuestos (operación conocida internacionalmente como DUTY FREE)”. Es por demás curioso observar cómo se condiciona a la DGAC un pago sustancial de dinero, más de Q18 millones, por algo que DGAC no controla, prácticamente involucrando a la SAT como parte interesada del mismo contrato.

La Superintendente de Administración Tributaria de aquel entonces, Carolina Roca, no firmó dicha autorización. Fue diez meses después, cuando asumió Rudy Villeda la Superintendencia, que se firma tal autorización. Personas que estuvieron cerca del proceso me contaron que las presiones que recibían eran múltiples; no solo venían del Secretario Privado del Presidente, Gustavo Alejos, quien llamaba “a cada rato” para indagar por qué no se había autorizado a la empresa a operar como Tienda Libre. También recibían visitas del propio embajador de Panamá e incluso en alguna oportunidad el propio Superintendente Rudy Villeda recibió una llamada del presidente panameño Omar Torrijos para presionarlo.

¿Por qué tanta presión? Es sencillo. Autorizar un depósito aduanero para que opere como Tienda Libre es ilegal. De hecho existe una sentencia en este caso del 30 de julio del 2012 dictada por la Corte de Constitucionalidad que señaló: “En el caso concreto, la disposición emanada por la Superintendencia de Administración Tributaria carece de seguridad y certeza jurídicas, ya que al efectuarse homologación entre las funciones de las tiendas libres o duty free con las de un depósito aduanero, se pretende exonerar a estos últimos de la afectación del pago de impuestos, lo cual deviene inconstitucional”. Continúa diciendo la CC que la SAT “se ha atribuido facultades que no le corresponden permitiendo que un depósito aduanero pueda también operar como una tienda libre y para esto es necesario la existencia de una ley emitida por el Congreso de la República de Guatemala”. Otra sentencia de la CC que SAT se la pasó por el arco del triunfo.

Se sabe que después que la SAT publicó en el Diario Oficial la resolución que autoriza a La Riviera para que su Depósito Aduanero opere como Tienda Libre, DGAC recibió sus dolaritos. Algo que sorprende es que el expediente que contenía todo lo actuado entre La Riviera y la DGAC fue “robado” de las instalaciones de la DGAC. Existe denuncia por este hecho en el MP por parte de las autoridades de DGAC. Preguntas: ¿A quién le hubiera interesado robarse ese expediente? ¿Qué contenía el expediente que fue imperativo desaparecerlo?

A propósito del Ministerio Público, a pesar que se ha presentado una querella y siete denuncias penales contra funcionarios de la SAT y contra La Riviera desde hace dos años, a la fecha el MP no ha hecho NADA.

Para que todos estos actos de corrupción terminen, el Organismo Judicial, como el  poder del Estado creado para controlar y mantener en equilibrio o en jaque los desmadres del Ejecutivo, tiene la responsabilidad de declarar nulo el contrato de arrendamiento entre la DGAC y La Riviera.