El Juzgado Sexto del Ramo Penal inició la audiencia de primera declaración en contra de los 18 extrabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), capturados el pasado viernes, señalados por un supuesto fraude de Q4.8 millones.

En medio de decenas de familiares y abogados, los implicados en dicho proceso fueron rindiendo uno a uno su primera declaración. Silvia de León Santos, del Juzgado Sexto Penal, los escuchó en grupos de cinco personas, debido al reducido espacio en la sala de audiencias. La primera en ser indagada fue María René Chinchilla Santizo, quien laboró en el IGSS como encargada de compras de la división de la Unidad de Mantenimiento.
 
 Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, a través del puesto la sindicada estuvo involucrada con el desvío de 400 sacos de cemento que estaban destinados a un proyecto de remodelación de las clínicas de Morales, Izabal, y que el pasado 15 de marzo fueron enviados a la residencia de Marco Vinicio Rivera, también implicado en este caso.
 
 El MP pidió que fuera procesada por los delitos de incumplimiento de deberes, fraude y peculado por sustracción.
 
CUATRO DESEMBOLSOS
 Por otro lado, el ente investigador señaló que para realizar el proyecto de remozamiento en la sede de la mencionada sede del IGSS, dos divisiones de la Subgerencia Administrativa del Seguro Social recibieron la orden, y desembolsaron Q1.4 millones, los cuales, según indicó el MP, no fueron sujetos de ningún procedimiento de licitación ni contrato.
 
 De acuerdo con las pesquisas, los involucrados violaron la Ley del Presupuesto Nacional y la Ley de Contrataciones del Estado, ya que sin controles autorizaron cuatro ampliaciones que llevaron a un desembolso directo que superaría los Q4.8 millones.
 
 El MP detalló que la Subgerencia del IGSS ordenó ampliar el presupuesto para la obra, sin indicar un techo de gastos ni una calendarización para su conclusión. El ente investigador además resaltó que los señalados realizaban compras fraccionadas para evitar el control externo e interno. Según las pesquisas, dicho proyecto actualmente se encuentra con un 70% de ejecución y se ha gastado alrededor de Q4.8 millones.
 
ESCUCHADOS
 Al momento de cierre de esta edición, José Eduardo Pacheco Rubio, quien era el encargado de Fondos Rotativos en el IGSS, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos de incumplimiento de deberes y estafa propia.
 
 El MP lo señaló de haber autorizado el pago de viáticos por más de Q5 millones, para 80 personas, de las que se presume, algunos servicios fueron simulados.
 
Por este caso, continúan pendientes de resolver su situación jurídica Arnoldo Adán Aval Zamora, ex gerente del IGSS, y 15 personas más.