Kelsey Alford-Jones, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en EE. UU., condenó el desalojo de familias del Valle de Polochic, pues aseguró que se violaron tanto los protocolos internacionales como los derechos humanos más básicos de las casi 800 familias afectadas,

incluyendo su derecho a la alimentación, agua potable, vivienda e integridad física por parte de terratenientes y el Estado de Guatemala.

Además, la Coordinación de ONG y Cooperativas, exigió a las autoridades condenar penalmente a las empresas privadas de generación y distribución de electricidad, por el asesinato de líderes comunitarios y niños, en Cobán, Alta Verapaz.