Desde el año 2003 varias peticiones han sido dirigidas a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, solicitando que se revise el Plan de Prestaciones a fin de que se incrementen las pensiones de los abogados y notarios, pues las que actualmente perciben no responden a la situación económica del paí­s, de ahí­ que dichas pensiones deben ser aumentadas en proporción al alto costo de la vida y que respondan socialmente a la categorí­a y al decoro de los agremiados.

En las distintas peticiones formuladas a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios ésta sistemáticamente ha respondido negativamente, oponiéndose a tal incremento, basándose para ello únicamente en un estudio actuarial realizado por la señora M. Carment Negro Claret de González, del Colegio Actuarial de Cataluña, España, el cual consideró que adolece de imparcialidad y que no es objetivo, porque el mismo fue elaborado únicamente a petición de la Junta Directiva sin tomar en cuenta al resto de abogados.

La Junta Directiva del Colegio debe ser solidaria con los agremiados y no ser radical en su postura negativa, pues tiene otros métodos para generar fondos y enriquecer el Plan de Prestaciones; tampoco debe suprimir algunos beneficios como lo han manifestado, porque son derechos adquiridos y por el principio de legalidad y de justicia deben mantenerse inalterables. Por ejemplo, el Colegio debe solicitar al Congreso de la República la emisión de una ley, mediante la cual se establezca un porcentaje del 6% sobre el monto mensual de los honorarios que perciben los Registros de la Propiedad y Registro Mercantil, con destino exclusivo al Plan de Prestaciones de los abogados y notarios, cuyo proyecto de decreto fue elaborado por mí­ y entregado a la Junta Directiva de entonces el 7 de noviembre del año 2000, pero ninguna Junta Directiva ha promovido hasta ahora dicho proyecto de ley.

Parece ser que la Junta Directiva del Colegio responde y apuntala la nueva corriente neoliberal, inhumana y globalizadora impuesta por fuerzas retrógradas, acientistas y oscurantistas del paí­s cuyo objetivo es privatizarlo todo, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las grandes mayorí­as.