Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, nuevamente acudió a la Torre de Tribunales, para presentar ante un juez pesquisidor las pruebas de descargo en el cuarto antejuicio iniciado en su contra.
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En tanto, la Fiscalía contra la Corrupción pidió enviar a juicio a dos personas señaladas de recibir más de un millón de quetzales de dicha municipalidad por la supuesta simulación del cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
Esta mañana, en la sede del Juzgado Octavo del Ramo Penal, Medrano estuvo por cuarta vez ante un juez pesquisidor. La juzgadora Martha Sierra de Stalling recibió su declaración y pruebas de descargo en relación a una denuncia interpuesta en su contra por el delito de lavado de dinero entre la comuna que preside y la municipalidad de San José del Golfo.
Según la denuncia, Medrano giró dos cheques a favor de Fidelino Palencia, alcalde de San José del Golfo, por un monto de Q350 mil. Los funcionarios municipales han argumentado que esto fue parte del pago de un préstamo personal.
Al momento de cierre de esta edición, dicha diligencia no había concluido.
RETIRO DE INMUNIDAD
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones es el ente encargado de resolver si es procedente o no retirar a Medrano la inmunidad que goza como funcionario.
A la fecha dos jueces pesquisidores han concluido que existen los indicios para sospechar que el jefe edil podría haber incurrido en delitos en su gestión municipal.
PIDEN JUICIO
En el Juzgado Sexto del Ramo Penal, la Fiscalía contra la Corrupción pidió que fueran enviados a juicio Arison Rubicely Cordón, nuera del alcalde de Chinautla, y Julio Antonio Alvarado Sandoval, que según la investigación fungieron como administradores de la empresa Grupo Dinámica Constructiva, Sociedad Anónima (Dimaco) que tenía un contrato con dicha municipalidad para cobrar el IUSI.
Según el ente investigador, los señalados cometieron el delito de caso especial de estafa, al suscribir un contrato que tenía por objeto “simular la recaudación del impuesto”.
La Fiscal Astrid Castañas aseguró que Dimaco habría recibido como pago por el supuesto servicio prestado el 15 por ciento del total recaudado, esto es, Q1 millón 834 mil 787.06, provenientes de los fondos municipales.
El MP refirió que la atribución del cobro del IUSI corresponde únicamente a las autoridades municipales, y que según la Ley no puede delegarse a una empresa privada, y que incluso en Chinautla los ciudadanos pagan el impuesto en cajas municipales.
La jueza Silvia de León programó dar a conocer su resolución mañana, para analizar detalladamente las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa de los imputados.