Un informe reciente del Sistema Penitenciario (SP) revela que de las 16 mil 222 personas privadas de libertad en Guatemala, 2 mil 83 son analfabetas y 7 mil 820 dicen contar solo con estudios de educación primaria. Del total de detenidos, 4 mil 830 personas estudian en los programas educativos autorizados en el sistema carcelario.
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Información proporcionada por la Dirección General de Presidios del Ministerio de Gobernación refiere que hasta el 3 de agosto estaban recluidas 16 mil 222 personas en 20 centros carcelarios del país –aunque 22 prisiones están adscritas al SP, la cárcel de Guastatoya y la cárcel Fraijanes II dejaron de funcionar– y de esta población, más del 60 por ciento dijo ser analfabeta o contar con educación primaria cuando fue detenida.
Según los datos oficiales, de los 7 mil 820 privados de libertad que tienen educación primaria, 589 dijeron tener estudios de primer grado; 962 de segundo; 1 mil 397 de tercero; 750 de cuarto; 637 de quinto; y 3 mil 485 de sexto; en este último caso no cuentan con un diploma porque posiblemente no concluyeron el ciclo escolar.
Mientras que en básico se cuantifican 3 mil 897 personas –24.02% de la población reclusa– y de estas, 716 estudiaron el primer grado; 882 el segundo y 1 mil 788 el tercero. No obstante, solo un grupo de 511 privados de libertad dijo contar con un diploma que les acredita la finalización de escolaridad en este nivel.
Además, según el SP, 2 mil 50 estudiaron diversificado –12.64% de la población reclusa–, 13 tienen algunos estudios universitarios, 340 estudiaron una licenciatura y 8 tienen créditos de posgrado. En total, 361 cuentan con educación superior, el 2.23% de la población privada de libertad. De 11 reclusos no se cuenta con información.
Rudy Esquivel, portavoz de la institución, dijo que estas cifras son únicamente una referencia sustentada con las versiones de los propios reclusos, que notificaron al SP su escolaridad al ingresar a los centros.
Por otro lado, el funcionario indicó que actualmente 4 mil 830 personas estudian en el sistema educativo formal y extraescolar. De estos, 1 mil 196 estudian primaria, 482 secundaria, 202 bachillerato, 2 mil 912 –el 60 por ciento– educación extraescolar, 38 licenciatura. De la estadística, 4 mil 391 son hombres y 429 mujeres.
“Estamos hablando del porcentaje total de la población privada de libertad. En el aspecto de realidad educativa va a haber una variación, porque los perfiles educativos donde el interno o interna menciona, no todos tienen ausencia de conocimientos educativos, hay personas que tienen ciclos completos de estudios formales (a lo interno de la prisión)”, dijo Esquivel.
El entrevistado refirió que se busca impartir la educación a todos los detenidos, aunque finalmente son los privados de libertad quienes deciden si se incorporan a esta actividad o a otra, dependiendo si están condenados o preventivos; en este último caso pueden ser trasladados a otros centros y eso les impedirá continuar sus estudios.
La Hora buscó una entrevista con el director de Presidios, Édgar Camargo, o con el encargado de los programas de rehabilitación y reinserción de dicha institución, pero al igual que en ocasiones anteriores los delegados de comunicación argumentaron que los funcionarios se encontraban realizando supervisiones en diferentes centros y no era posible atender a este vespertino.
EDUCACIÓN FORMAL Y EXTRAESCOLAR
Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y quien ha realizado diversos estudios de la situación de los centros carcelarios, explicó la diferencia entre la educación formal y extraescolar que se imparte en las prisiones, así como algunos detalles de un estudio realizado hasta el mes de julio sustentado con estadísticas de la Subdirección de Reinserción Social del SP.
“Hay dos tipos de educación: formal, que consiste en alfabetización, primaria acelerada, básicos, bachillerato y educación superior, y por otra parte existe la educación extraescolar. Ambas están acreditadas por el Ministerio de Educación. La primera es la más formal, porque se imparte todo el pénsum avalado por el Ministerio, y la educación extraescolar se trata de cursos más cortos que normalmente tienen una duración de seis meses o un año, que son acreditados por la Dirección General de la Educación Extraescolar (Digex)”, explicó la profesional.
La entrevistada dijo que de acuerdo con un análisis realizado hasta el mes de julio –usualmente la cifra de detenidos se mantiene en más de 16 mil– cerca de un 13 por ciento está inscrito en un programa de educación formal. De ese porcentaje, la mayoría –un 66 por ciento– estudia alfabetización y primaria acelerada que es impartido por el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa); en el caso del Centro de Orientación Femenina (COF) está avalado por una escuela pública.
Mientras que el 23 por ciento está inscrito en el nivel básico, el 9.5 por ciento en bachillerato, un 1.5 por ciento en educación superior y en el único centro donde se ofrece este tipo de educación es en Pavoncito.
“Consideramos que es un número bajo, el 13 por ciento de toda la población reclusa, y se explica en parte porque el privado de libertad en uno de los programas de educación formal necesita presentar toda su papelería como sus certificados de estudios anteriores, su fe de edad, y para ciertas personas es imposible obtener esa papelería. En la educación extraescolar por ejemplo no se requiere esa documentación y por eso es más fácil inscribirse”, dijo Dedik.
La investigadora del CIEN señaló que en la educación extraescolar, un 20 por ciento de toda la población reclusa está inscrito en al menos un curso.
En el tema de los centros carcelarios, en Fraijanes II no se recibe educación por el perfil de los detenidos; mientras que en Fraijanes I no se imparte educación formal, pero sí extraescolar; la cárcel El Boquerón cuenta con educación formal únicamente en el nivel de alfabetización y primaria acelerada y con educación extraescolar; todas las demás cárceles cuentan con ambos tipos de educación.
Dedik explicó que la educación extraescolar comprende manualidades, caligrafía, pintura, inglés, computación, ajedrez, lectura dirigida, educación física, primeros auxilios, panadería y electricidad, entre otros.
El próximo 19 de septiembre, el CIEN presentará un informe sobre el tema de la educación, aunque principalmente estará enfocado en las oportunidades de trabajo en las prisiones.
OBSTÁCULOS
Aunque el artículo 25 de la Ley del Régimen Penitenciario dice que todas las personas reclusas tienen el derecho a recibir educación y capacitación en todos los niveles académicos, la realidad dentro de las cárceles pasa a ser otra por las restricciones y dificultades que existen, según analistas, organizaciones de la sociedad civil y expresidiarios (Lea: “En la cárcel hay más corrupción que rehabilitación”).
Gary Estrada, coordinador del Programa Personas Privadas de libertad y Derechos Humanos, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), explicó que el Estado ha fallado con la evidencia de que en las cárceles hay personas con baja escolaridad, pues no hay políticas de prevención primaria en educación, salud, trabajo y oportunidades para todos.
Estrada agregó que la situación se complica aún más cuando se exige a los reclusos una serie de requisitos engorrosos para estudiar, cuando debería facilitárseles para aprovechar el tiempo que permanezcan detenidos.
“El problema es que tienen que tener una serie de constancias y requisitos para su educación y nivelación. Y con la baja escolaridad en los centros se evidencia que el sistema falló en un primer momento al no implementar políticas orientadas a educación, trabajo y otras oportunidades”, refiere.
Eluvia Velásquez, de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede) y quien trabaja en programas de rehabilitación y resocialización con personas detenidas, señaló que esta población también encuentra ciertas dificultades para inscribirse en cursos alternativos, aunado a la baja autoestima y la actitud que los limita a enfrentarse a los retos.
“El tema es que si no están en un nivel de primaria, quinto o sexto no pueden ingresar a los cursos alternativos. En la educación formal les piden sus certificados y muchos de ellos ya no los tienen, algunas veces van las madres o las esposas a buscarlos, aunque en ocasiones lo hace personal del SP”, refiere.
Velásquez dice que el Estado debe buscar la forma de incorporar a los privados de libertad a la educación, pues es la única forma de que cuando salgan de la cárcel se ocupen en trabajos u oficios de beneficio para ellos pero también para la sociedad.
La entrevistada concluye en que un porcentaje de la población que quiere rehabilitarse trata de obtener ingresos económicos –trabajando en los pequeños negocios dentro de los centros, aunque solo obtenga Q10 diarios– pero deja a un lado los estudios, pues muchos de ellos o ellas tienen familia que sostener económicamente.
“En la cárcel hay más corrupción que rehabilitación”
Guillermo*, un joven expresidiario que permaneció cinco años y medio detenido, purgando su condena por tráfico ilegal de drogas en diferentes centros carcelarios, conversó con La Hora para exponer las dificultades que enfrentó cuando intentó estudiar.
El entrevistado argumentó que “en la cárcel hay más corrupción que rehabilitación”, pues es el propio sistema que limita y desmotiva a quienes quieren estudiar o trabajar.
El joven, que fue detenido cuando tenía 18 años, únicamente cursó sexto primaria porque se involucró a los 10 años con los grupos de la delincuencia organizada. Primero permaneció en el Preventivo de la zona 18; sin embargo, un año después de estar recluido pretendía continuar sus estudios de primero básico.
“Quise seguir estudiando, pero por razones que me movían del Preventivo a diferentes cárceles nunca tuve estabilidad y otra cosa era mi sobrevivencia en la cárcel para comer, yo hacía tatuajes –a los reos que pueden pagarlos– con máquinas hechizas, aunque también hacía pinturas. Las máquinas yo mismo las hacía porque ahí no hay herramientas para trabajar”, explica.
El joven relata que aunque en la cárcel hay alimentación esta genera problemas estomacales constantemente porque los frijoles, el queso y los huevos se encuentran en mal estado o están crudos.
“Yo trabajaba para alimentarme y vestirme. Y cuando estaba en el Preventivo me inscribí (en los estudios), pero nos cerraban las puertas del sector para que no fuéramos a estudiar –las clases se recibían en el Sector 13–. La mayoría de veces no estuvimos presentes. De un 100 por ciento que se inscribía solo dos o tres terminaban. La guardia de la dirección no nos dejaba salir, el mismo sistema no permitía que tuviéramos salida”, dice.
“Todos se desanimaban, era restringido y los únicos que tenían acceso eran el encargado de la biblioteca y otro que estaba con los maestros –también reclusos–, de ahí nadie”, explica.
Según Guillermo, su intención por estudiar respondía a que quería “pasar el tiempo”, porque no había nada que hacer y se aburría, “no teníamos oportunidad de hablar con el director sino con los encargados, las cosas no cambiaban”, lamenta.
El jovencito reitera que el SP es un sistema corrupto, donde lo que se busca es evitar que los reclusos observen conductas inadecuadas de quienes laboran ahí.
“La restricción era porque decían que no podíamos estar en otro sector, pero todos saben que en la cárcel hay más corrupción que rehabilitación, yo creo que lo que ellos querían era evitar eso –que la corrupción que manejan autoridades y trabajadores fuera vista por nosotros cuando salíamos de nuestro sector–”, indica.
Guillermo admite que en un centro de cumplimiento de condena hay más oportunidades para estudiar que en un centro preventivo, sin embargo, considera que el sistema educativo para quienes no tienen una condena –más del 50 por ciento según el Ministerio de Gobernación– debe replantearse para que las personas detenidas puedan aprovechar el tiempo y alejar su mente del ocio.
El entrevistado, que hoy tiene 25 años, dice que cuando salió de prisión temía por la realidad que le esperaba afuera, pues solo tenía sexto primaria, era un expresidiario y a lo que podía dedicarse era a hacer pinturas. Sin embargo dice que tomó el reto –con el apoyo de diferentes organizaciones sociales que lo acompañaron en la cárcel y fuera de ella– para continuar con la educación básica, trabajar y apoyar a quienes hoy están detenidos.
“Mi mente era la de un ignorante y por ignorante hacía tantas cosas malas –sin entender las consecuencias–, ahora entiendo la vida como es, una vida con estudios es una vida con oportunidades”, concluye.
*Nombre modificado por seguridad del entrevistado