Un magistrado de la Corte Suprema chilena notificó hoy al juez argentino Otilio Romano que será extraditado a su país por violaciones a los derechos humanos y que mientras se concrete su salida de Chile estará bajo arresto domiciliario.
Un funcionario de comunicaciones del Poder Judicial-que pidió no ser citado por su nombre porque no le está permitido- dijo a The Associated Press que Romano fue notificado temprano en la mañana y que tras permanecer en un calabozo del Palacio de Justicia fue devuelto al vecino balneario de Reñaca, donde reside desde hace más de un año.
Romano fue acusado por la justicia argentina de 34 delitos de privación ilegítima de la libertad con desaparición forzada, 26 delitos de privación ilegítima de la libertad, 36 delitos de tortura, uno de allanamiento ilegal y uno de denegación de justicia.
El juez que trabajaba en los tribunales de Mendoza, Argentina, fue notificado por el juez Héctor Carreño, que reemplaza temporalmente en el caso al titular Sergio Muñoz que está fuera del país.
Romano, que se encuentra en estado de rebeldía en su país, fue conducido el jueves por la noche desde Reñaca, 130 kilómetros al noroeste de Santiago, hasta esta capital por funcionarios de la policía civil que lo alojaron en su cuartel general hasta el viernes por la mañana, cuando personal de la guardia de prisiones lo condujo a la presencia del magistrado.
Romano se encontraba bajo arresto domiciliario nocturno a la espera de la decisión del máximo tribunal, que hace dos días ratificó la decisión de Muñoz de extraditarlo a Argentina. Retornó a Reñaca en un vehículo de gendarmería y uno de los guardias de prisiones se quedará custodiándolo para que cumpla su nuevo régimen de arresto.
La extradición del juez se concretará luego de las coordinaciones respectivas entre Interpol en Chile y en Argentina, se compren los pasajes aéreos y se defina quién lo acompañará para entregarlo a la justicia del vecino país.
El juez requerido por Argentina huyó a Chile en 2011 y pidió asilo político, el que le fue negado en mayo de 2012. Desde entonces permanecía bajo arresto parcial en su casa de Reñaca.
La justicia argentina inició una investigación contra Romano y otros jueces luego de que una pareja los denunciara en 2010 por no actuar en «un cúmulo de causas» relacionadas con violaciones a los derechos humanos entre 1975-1983, en las que no ordenaron terminar con detenciones ilegales que concluyeron con la desaparición forzada de al menos 34 personas.
El magistrado Muñoz dijo al fundamentar su decisión de extraditar al argentino que los distintos delitos de los que Romano es acusado, de acuerdo con las leyes argentinas, «se encuentran acreditados y corresponde otorgarle la calificación efectuada al formular la solicitud de extradición».
En síntesis, Muñoz llegó a la conclusión de que Romano no actuó ante claras evidencias de violaciones a los derechos humanos.
«La participación de partícipe primario de Otilio Romano se obtiene del antecedentes determinante de haber mantenido una conducta omisiva luego de tomar conocimiento de la posible perpetración de un delito, en el cual tenía la obligación legal de actuar, ya como Fiscal, ya como juez… igualmente se puede llegar a demostrar una participación penal considerando especialmente su calidad de garante que le atribuye la legislación constitucional y procesal argentina», sentenció el juez Muñoz.
Entre Chile y Argentina no existe un tratado de extradición bilateral por lo que ambos Estados apelan a la Convención de Extradición de Montevideo de 1933 suscrita y ratificada como ley interna por ambos países luego de que se cumplan varios requisitos, entre ellos que el Estado reclamante pueda juzgar en su territorio al sujeto reclamado y que la sanción a la que se expone sea mínima de un año.