Han pasado 19 meses desde la inauguración de Otto Pérez y me inclino por denunciar su incapacidad en materia de derechos humanos y no acusarlo, sin contar con las pruebas, de alentar la represión. No quiero pensar que su fracaso se deba a complicidad con quienes deciden y ejecutan los crímenes de hoy, ya que, de ser así, tendríamos que pedirle la renuncia de inmediato.

En el caso de la incapacidad gubernamental, que es evidente, tendría que renunciar primero su Ministro de Gobernación, de forma irrevocable. Y de no cambiar la situación del país de acá al cumplimiento de los dos años de mandato presidencial, en enero de 2014, sí opino que debería dejar Otto Pérez la presidencia del país. Algunos pensarán que mi postura es muy intransigente; pero hay razones para ello. De todo lo producido con los Acuerdos de Paz, el logro más importante fue la eliminación de la política estatal de violaciones de derechos humanos. No obstante, es indudable que hoy el respeto de los derechos humanos desaparece día a día y pronto, por omisión y/o por acción, quedará reactivada una política estatal de violencia, en contubernio con sectores de poder militar, político y económico, que generaliza las violaciones de los derechos humanos. Ese incumplimiento fundamental de los Acuerdos de Paz sería motivo sobrado para que el Presidente de la República dejara su cargo.

El 14 de agosto, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que hizo una visita de tres días al país, externó al presidente Pérez “profunda preocupación… por los 58 asesinatos de líderes sindicales que a la fecha aún permanecen en estado de impunidad”. Aunque el Presidente reconoció que “para Guatemala y su Gobierno es una ‘vergüenza’ que su país figure actualmente en el ámbito internacional como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo”, no ofreció medidas concretas para corregir la situación. El 21 de agosto, la AFP dio a conocer que cuatro periodistas han sido asesinados a lo largo de este año: en marzo, José Jarquín (Jutiapa); en abril, Luis Lemus (Jutiapa); el 6 de agosto, Luis Lima (Zacapa); y más recientemente, Carlos Chávez (Suchitepéquez). Además, en agosto fue atacado, aunque afortunadamente, sobrevivió Fredy Rodas (Mazatenango). Esto se suma a acciones de intimidación en contra de personas vinculadas a la libre emisión del pensamiento, tal como lo ha denunciado la UNSITRAGUA histórica.

Los sectores campesinos y los pueblos indígenas no solamente son intimidados y perseguidos y se trata de criminalizar sus acciones de autodefensa y defensa de sus recursos, sino que sicarios al servicio de sectores poderosos han secuestrado y asesinado a varios líderes y activistas, en circunstancias similares a las olas represivas de los años 60, 70 y 80.  El hecho más reciente se produjo el 5 de agosto, cuando apareció muerto Silverio Valiente, de Santacruz del Quiché, luego de haber sido secuestrado el 26 de julio y torturado. Un año antes, en junio de 2012, fue asesinado José Tavico, de la misma comunidad. Ambos fueron líderes de la lucha en contra de la extracción minera en sus comunidades. El pueblo Maya Cakchiquel, frente a las agresiones que se sufren se pronunció el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la forma siguiente: “Estamos comprometidos a defender nuestros derechos. Y saludamos la resistencia pacífica de las mujeres, juventud y niñez, en La Puya, San Juan Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez y otros pueblos hermanos, quienes marcan el inicio de una nueva forma de lucha en contra de la minería de metales y de cemento”. En la misma fecha, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) afirmó: “El gobierno de Otto Pérez debe rectificar políticas y acciones del Estado”, particularmente, sostengo yo, poniendo al centro de su gobierno el respeto pleno de los derechos humanos.