Además de las descalificaciones y señalamientos dirigidos hacia sus adversarios, los candidatos a la Presidencia se dedicaron a formular promesas en la última contienda electoral. De la recopilación de ofrecimientos, los más importantes son los del Partido Patriota luego que el abanderado, Otto Pérez Molina, se convirtiera en Presidente.

Analistas observan los avances y desafíos del mandatario en  tres temas fundamentales.

En el suplemento La Hora Política se recopilaron las promesas de los presidenciables, incluidas las de Pérez Molina, quien quincenalmente envió –a través de su equipo de comunicación– sus propuestas para ser publicadas en este vespertino.

A continuación se analizan los tres temas fundamentales de su propuesta política.

DESNUTRICIÓN

Para el éxito de la estrategia del Pacto Hambre Cero, en materia de desnutrición, Pérez Molina ofreció robustecer y dinamizar el Viceministerio de Seguridad Alimentaria Nutricional del Ministerio de Agricultura, y muy particularmente el programa de extensión agrícola, la Red de servicios de salud del país, pero especialmente el primer nivel de atención, así como crear el Sistema de Información Municipal de Riesgo a la Inseguridad Alimentaria Nutricional y el Centro de Información y Coordinación en Seguridad Alimentaria Nutricional.

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), indica que una grave problemática que afronta el Gobierno es no contar con información estadística que le permita el diseño de políticas, programas y acciones que permitan abordar fenómenos y problemas que aquejan a la población guatemalteca.

Y el caso de la desnutrición crónica no ha sido la excepción; esta tarea correspondería fundamentalmente a dos entidades gubernamentales: El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Según Santos, “la SESAN ha sido incapaz de poder levantar esa información proveniente de diversas fuentes”, como el Ministerio de Salud, que cuenta con un sistema de información, pero también el Ministerio de Educación, que debe realizar una encuesta de talla y peso en escolares de primer grado primaria.

“Con la ausencia de esa información consolidada, homogenizada, y concentrada en solo un lugar, lo que hemos estado viendo son acciones de carácter publicitario basadas fundamentalmente en falsedades y que no atienden el problema real y mucho menos alcanzara las mismas metas que establecieron y prometieron a lo largo de la campaña”, señala Santos.

Esta responsabilidad es inherente a la entidad rectora que lleva a cabo las acciones en el tema, en este caso la SESAN, que no solo ha sido incapaz de producir esta información de manera certera, sino que sin lugar a dudas existe una fuerte problemática de falsear la información que se le está proveyendo a la ciudadanía guatemalteca, al PDH y al Congreso, e incluso en eventos internacionales, opina Santos.

Recientemente el presidente Otto Pérez Molina se reunió con el presidente de México Enrique Peña Nieto, a  quien presentó datos estadísticos de disminución de la desnutrición aguda, pero no existe un dato que permita fundamentar lo que planteó el presidente guatemalteco ante su homólogo mexicano, opinó Santos.

Es un hecho gravísimo, pues se le está mintiendo a la población de manera sistemática, basados en información que aparentemente nadie concentra y nadie tiene en términos certeros, mientras lo que ocurre en términos reales es que día a día se suman más niños con desnutrición, añade.

Mientras se siga pensando que la SESAN está destinada a realizar fashion shows y campañas publicitarias, en vez de hacer su trabajo de rectorar la ley y política de seguridad alimentaria y nutricional, ese tipo de hechos se seguirán dando.

En este caso, la prueba más contundente e ilustrativa es la estrategia para callar a un médico jalapaneco que ha denunciado la desnutrición ante los medios de comunicación, y que por eso se ha intentado trasladarle del Área de Pediatría del Hospital de Jalapa.

INSEGURIDAD

En el tema de la seguridad, Pérez Molina proponía meditar seriamente en la refundación de la Policía Nacional Civil, la creación de la Policía de Investigación Criminal, retomarse el control de los diferentes centros penitenciarios, y generar soporte tecnológico que optimizara la prevención e investigación del delito.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, observa tendencias militares en la política de seguridad y graves faltas a los derechos humanos que no pueden pasar desapercibidas.

Después de lo sucedido en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, en donde se evidenció el irrespeto a los derechos humanos, la imposición de las fuerzas de tarea en donde existe conflicto con la actividad minera y lo ocurrido en Jalapa, en donde declararon Estado de Sitio, es necesario analizar cuál es la política de seguridad, indica Mack

“Van con esa mentalidad de ver enemigos en todos lados y declarar Estado de Excepción en todos lados, y aquí la excepción se convirtió en la norma de una manera autoritaria”.

Mack señala que el ofrecimiento de pensar en refundar a la Policía Nacional Civil (PNC) no se ha logrado, porque con la reforma policial se han  realizado acciones puntuales y limitadas, y no se ha trabajado para resolver de forma estructural los problemas que tiene la Policía. “Lo que han hecho son acciones, no necesariamente una refundación o la creación de una nueva doctrina. La verdad es que no se ve una refundación”, asegura Mack.

Según la entrevistada, se están realizando cambios con un sentido militar, pese a que lo que se pretendía con la reforma era transformar la doctrina reactiva y represiva en una política de prevención. La conformación de la escuela de oficiales es, de alguna manera, parte de esa estrategia.

Si seguimos con una Policía como la que se tiene, acostumbrada a estar subyugada al Ejército o a militares, obviamente no se va alcanzar la transformación que queremos, porque los militares no son los más adecuados para construir la Policía, opina.

“Se supone que la reforma policial tenía que ser una política de Estado porque es imposible que se pueda lograr en cuatro años de gobierno, sin embargo no se logra y por eso es que las políticas son erradas porque  hoy se empieza una cosa y mañana otra y todo porque es otro gobierno y ese es un error”, dice.

En cuanto a la propuesta de tener el control de los centros carcelarios tampoco se han visto avances: “El tema del bloqueo de los celulares nunca se ha logrado. Hay que preguntarse por qué este problema viene de gobiernos anteriores, pero también que en éste no se ha puesto a funcionar”.

Entonces, resulta que el 80 por ciento de las extorsiones que se dan en el país provienen de las cárceles del país y eso no se ha podido controlar, según Mack.

CORRUPCIÓN

Para el combate a la corrupción, Otto Pérez ofrecía elevar a categoría de Dirección dentro de la Vicepresidencia de la Republica, la Comisión de Transparencia y el Combate a la Corrupción, desarrollar las funciones y capacidades de planificación estratégica y prospectiva dentro del Organismo Ejecutivo en los gobiernos municipales y en los Consejos de Desarrollo y fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública para que fuera un Plan Plurianual de Inversiones.

Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indica sobre la implementación del pacto fiscal para el cambio, que en la propuesta original se veía la transparencia y la mejora de la calidad del gasto como uno de los cinco principios.

En el caso de la transparencia se puede percibir más retrocesos que avances, dice Menkos, pues “esa promesa de Gobierno en el área de transparencia es la que hoy se encuentra con la mayor agenda pendiente”.

La propuesta original del Ejecutivo eran las iniciativas de Ley 4461 y 4462, que están relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, Ley de Probidad, de Servicio Civil, Enriquecimiento Ilícito; sin embargo son demasiado amplias y se encuentran plagadas de errores dice, Menkos.

Además, señala que a pesar de estas dos iniciativas de Ley –que no se han aprobado y que de vez en cuando se discuten en el Congreso–, hay escándalos de corrupción y opacidad que van en aumento.

La aprobación de presupuesto 2013 sin suficiente discusión y los problemas de los fidecomisos, son dos casos que destaca el analista de ICEFI, aunque también fue relevante el usufructo en el Puerto Quetzal, que se realizó sin transparencia.

A todo esto, Menkos agrega la debacle en el Ministerio de Desarrollo Social, y de los programas sociales en términos de la notoria manipulación de los alcaldes oficialistas, adquisiciones sin licitar ni cotizar para comprar armas, insumos deportivos, las malversaciones en la industria militar, la falta de control en el subsidio del transporte público y la última acción en contra de la transparencia es el intentar arbitrariamente hacer efectivos los compromisos adquiridos ilegítimamente a través de la emisión de bonos del Tesoro.

Menkos señala que en materia de transparencia se puede notar más retrocesos que avances: “Lejos de observar avances hay muchos retrocesos sobre los que este Gobierno debería de dar cuentas, si quiere tener algún sentido de legitimidad frente a los ciudadanos; desafortunadamente todo ha quedado en un discurso que en la práctica no se está cumpliendo”.

Para este reportaje se intentó conocer la versión del Gobierno, incluido el Ministro de Gobernación y el titular de la SESAN, pero no respondieron a las comunicaciones de La Hora.