Uno de los aspectos más importantes y menos discutidos a nivel del Estado es la calidad del gasto que se ejecuta. Regularmente, en la administración, pública o privada, se enseña que para ser eficiente se debe ser un buen planificador, para luego ser un buen ejecutor, todo con base en el presupuesto. Pero una vez pasado el tiempo, las cuentas escritas y los números rígidos pueden demostrar una buena administración, pero es indispensable que de la mano exista un resultado de calidad y sobre todo de beneficio para aquellos más necesitados.
La administración pública es aún más importante alcanzar estos resultados de calidad, al tener los funcionarios públicos la gran responsabilidad de gastar el presupuesto de todo un país, y además de ello, con las grandes necesidades por demás conocidas. Por ello, desde el momento de la planificación hasta las ejecuciones de cada unidad (Ministerios, Municipalidades, Descentralizadas, Consejos de Desarrollo, etc.), existe una gran responsabilidad de los encargados operativos, estratégicos y decisores, para alcanzar un buen resultado en cada ejercicio presupuestario. Desafortunadamente, este silogismo positivo no se cumple en Guatemala, en donde la cultura de la planificación es muy poca, y no muy técnica, lo que provoca que la asignación de fondos no sea sustentada y que obliga a una asignación más política que experta, o bien con otro tipo de intereses que no siempre son los más transparentes.
Pero asumiendo que la planificación se ha realizado correctamente, y que la asignación de fondos se hizo como debiera ser, es decir, acorde a un sistema de indicadores de resultados claros, medibles en su avance y auditables expost, la ejecución significa algo más que solo alcanzar ese gasto, sino que debe ser inteligente y estratégica, de la mano con los planes diseñados, y a su vez que las necesidades respondieran a ese plan hecho originalmente. Es de hacer notar, que derivado del tamaño del Estado y el mecanismo de concentración que la Constitución establece mediante el Ministerio de Finanzas Públicas, los procesos de planificación inician desde marzo de cada año, debiendo terminarlo en junio, previo filtro para enviarlo en octubre al Congreso de la República, y ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre, tal y como la legislación lo establece. Ese mecanismo simplemente no es una buena combinación, ante inexperiencia, baja cultura de planificación y poco conocimiento de la administración pública.
Más aún, si el ente concentrador de la actividad financiera en su etapa de planificación, el Ministerio de Finanzas Públicas, impone techos presupuestarios a distintas dependencias, incluyendo aquellas sobre las que el Organismo Ejecutivo no tiene competencia directa (Municipalidades, Concejos de Desarrollo, Entidades Descentralizadas, Organismo Judicial, etc.), constituyendo un grave riesgo a alcanzar resultados especializados y con ello la calidad de ese gasto que se pueda tener. Es conocido, que la mayoría de entidades ejecutoras basan su presupuesto en gastos de funcionamiento, como la nómina de empleados, gastos administrativos como combustibles, papelería, arrendamientos y otros insumos que son también importantes, pero que no debieran ser la base fundamental ni el fin de las instituciones públicas, especialmente en materia de inversión para alcanzar el desarrollo integral del país.
Preocupante se manifiesta también conocer que el Minfin piensa en un recorte presupuestario, ante su incapacidad de regular políticamente en el Congreso los préstamos que se requieren para hacer estas inversiones controladas, o alcanzar una recaudación impositiva efectiva, pilar de toda la alimentación del presupuesto de la nación.
Y si en manos de tecnócratas y políticos están las grandes decisiones de inversión del país, la esperanza de salir del subdesarrollo que tiene Guatemala, se vuelve cuesta arriba.