Guatemala no se encuentra, de momento, en una crisis de deuda, pero la adquisición de compromisos financieros sin responsabilidad y garantías de transparencia hace que el panorama se torne desalentador. El combate a la corrupción, mejorar la calidad de gasto y cuidar los parámetros de salubridad macroeconómica se hacen necesarios para evitar una catástrofe.

Grecia, España, Portugal e Italia pasan por tiempos difíciles luego de sobreendeudarse en el pasado y es la población quien ahora está pagando ese déficit financiero con recortes en los servicios básicos de educación, salud, saneamiento, entre otros.

Aunque la situación actual de Guatemala está lejos de ser crítica como la de los europeos,  el saldo de la deuda nacional está creciendo y pueden generarse problemas de capacidad de pago del Estado.

En este tema, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, explica que Guatemala no tiene una crisis de deuda declarada, no tiene un problema de esa magnitud y las situaciones no son comparables.

No obstante, dice, el origen del problema es el mismo, porque si los gobiernos continúan siendo irresponsables con el paso de los años, el Estado podría llegar a tener un problema, aunque quizá no exactamente igual al europeo.

“Eventualmente con el tiempo, no vamos a poder pagar y entonces ahí sí entra el tema de los impuestos”, manifiesta Barrientos.

Para el experto del Icefi, el saldo de la deuda pública es muy bajo, pero la carga tributaria en Guatemala es muy baja también. “Al tener una capacidad de pago muy baja, con el tiempo y si la deuda se maneja irresponsablemente, podríamos llegar a tener una crisis”. Barrientos argumenta que los técnicos llaman a esto una “crisis de insostenibilidad fiscal”.

CRISIS ANUNCIADA

Hugo Maúl, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, no descarta que en Guatemala pueda ocurrir una situación de quiebra como la de los países europeos, pues indica que actualmente el país está en una posición riesgosa y “al borde de un precipicio”.

El experto advierte que si el Gobierno continúa con la tendencia del endeudamiento, cada vez seremos más vulnerables a que cualquier fenómeno de origen externo, cualquier perturbación o problema haga que el país caiga en una crisis financiera grave.

“Quizá la única ventaja que tiene Guatemala es que otros países son más irresponsables. Pero definitivamente, una crisis de tipo fiscal en Guatemala es algo anunciado si es que seguimos en la misma situación actual en materia de déficit fiscal y endeudamiento”, declaró Maúl.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Actualmente, el Ejecutivo pretende la aprobación de Q3 mil 500 millones en emisión de Bonos del Tesoro en el Congreso de la República, para pagar la deuda flotante adquirida por el Ministerio de Comunicaciones en las administraciones de Oscar Berger y Álvaro Colom.

Aunque el presidente Otto Pérez ha manifestado en múltiples ocasiones que esta deuda es ilegal, pero hay que pagarla, el actual ministro de CIV, Alejandro Sinibaldi, insiste en la legalidad de la deuda y en el pago de los contratistas del Estado.

Más del 50% de los Bonos del Tesoro sería para pagar la deuda y Q1 mil 500 millones se destinarían a inversión nueva, según el mandatario guatemalteco.

Según cifras del Banco de Guatemala, el saldo actual de la deuda pública es de Q101 mil millones. Con la emisión de bonos y los préstamos llegaría a más de Q107 mil millones que se tenían anteriormente.

Este tema planea un debate, no solo del endeudamiento, sino de sus objetivos y de la transparencia.

Los bonos no tienen que ver tanto con el volumen de la deuda, asegura el experto del Icefi, Ricardo Barrientos, sino con la ilegalidad y la ilegitimidad, la corrupción, la manipulación que del gasto público se está haciendo. Por ejemplo, explica, los contratos son ilegales y los contribuyentes los vamos a tener que pagar con impuestos presentes o futuros y “eso es lo que no está bien”.

Además, la emisión de Bonos del Tesoro no están estimados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el presente ejercicio fiscal, lo cual, además de topar el techo presupuestario si se aprueban, contribuiría a la corrupción y al detrimento de la transparencia en el uso que se le da a los recursos del Estado, argumenta.

“Macroeconómicamente, los bonos no van a elevar el saldo de la deuda pública a un nivel crítico hoy en día. El problema es que la práctica de ilegalidad, la impunidad con que se violan las leyes Orgánicas del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado; si nadie para estas ilegalidades, eventualmente la deuda se va a volver un problema, aunque hoy en día no lo es. Y eso genera lo que los economistas llaman un riesgo moral, porque como todavía no tenemos el problema hay de donde abusar”, critica Barrientos.

El mismo Fondo Monetario Internacional ya puso una “luz amarilla”, advirtiendo al Estado porque la mayoría de la eventual deuda en bonos, sobre todo la deuda interna, está en poder de tres bancos privados, lo cual algunos analistas de riesgo ven preocupante.

“Si se gastaran los recursos este año, se sobrepasaría el 3% del déficit. Y ese tres por ciento solo se sobrepasó en la crisis mundial y en el Gobierno de Colom. En ese entonces, hubo una condición con el FMI en que se iba a proceder a lo que se denomina “consolidación fiscal”, que es ir reduciendo el déficit poco a poco. Esto automáticamente rompería con esa condición”, explica el exministro de Finanzas, Edgar Balsells, sobre la posible emisión de Bonos del Tesoro.

CAPACIDAD DE PAGO = MÁS IMPUESTOS

Estados, Gobiernos y países obtienen capacidad para pagar deudas porque estos recurren a reformas tributarias y a los contribuyentes cada vez que están en problemas. Y ese es el riesgo de la deuda actual en Guatemala, porque políticamente se ha visto que los Gobiernos se endeudan y finalmente hacen que los contribuyentes lleven esa carga.

“El país está en la capacidad de pagar porque los Gobiernos están en la capacidad de seguir apretando a los contribuyentes para que estos paguen más impuestos. Ahora, si estamos en una situación en la cual no queremos que se paguen más impuestos para pagar deuda pública, entonces el país ya llegó a su límite”, asevera Hugo Maúl.

Para el director del área económica del CIEN, la deuda pública es una fuente de impuestos futuros pagados de manera anticipada, que tarde o temprano tiene que salir su pago del bolsillo de los contribuyentes, el cual tendrá que sacrificar con su consumo, su inversión, su ahorro y el bienestar de su familia, el costo de la deuda.

Lo que también hay que tomar en consideración es que con un presupuesto cercano a los Q70 mil millones, aunque no existen suficientes recursos para poder dar resultados efectivos a la población guatemalteca en las necesidades más importantes, el Gobierno  debería saber gastar bien, de manera priorizada y poner orden dentro del gasto público. Si no se mejora el gasto, siempre la necesidad va a será más ingresos por impuestos, que al final de cuentas nunca alcanzan, comenta Maúl.

“Hoy ya estamos pagando parte de ese costo, a través de mayor inflación, mayor tasa de interés y mayores impuestos; y por supuesto, a través de menos servicios que el Estado nos provee porque una buena parte del Presupuesto público se dedica a pagar la deuda”, subraya Maúl.

RESCATE, RECORTES Y AUSTERIDAD

En la Eurozona, la Unión Europea inyectó fondos a países como España y Grecia, los casos más dramáticos, para que no se agravara la situación financiera del país; sin embargo la UE pidió la concesión de algunos servicios básicos y el compromiso de austeridad en el gasto público.

En este tema, el analista del CIEN dice: “Estados Unidos tiene su propio problema a nivel fiscal muy importante. Las organizaciones como el BID o el FMI socorren a estos países pero también les piden ciertos ajustes antes de que estos países caigan en crisis. En el caso de Guatemala, no miro que nadie nos pueda socorrer como pasó con España. Aquí básicamente estamos solos”.

Ricardo Barrientos, del Icefi advierte que hay que tener cuidado con el artículo 1 de la iniciativa de ley 4729, sobre la emisión de Bonos del Tesoro, porque en esta el Ejecutivo propone reducir el Presupuesto General de la Nación. “Eso es lo que planteó el Gobierno. Pero al reducir el presupuesto automáticamente tienen que ajustarse a la baja los aportes constitucionales, lo que va para la SAT, para la Usac, al IGSS o las municipalidades; todo va a reducirse”.

Sobre la austeridad en el gasto público, Barrientos expresa que en el Gobierno esta medida debe ser permanente al no permitir gastos superfluos, pero a la vez no atacar gastos esenciales como salud, educación, infraestructura o seguridad ciudadana.

PROPUESTAS

Edgar Balsells sugiere cambiar el sistema de financiamiento público porque indica que “los bancos privados ya no se pueden seguir llenando de deuda”, pues en Guatemala no existe un sistema de Bolsa de Valores, por lo que todo el capital y deuda pública se concentra en los bancos del sistema.

“Las condiciones indican también que hay que tener más austeridad y reprogramar los gastos porque se ve que hay mucho despilfarro. Miremos cuánto se le asigna a las municipalidades y a los Consejos de Desarrollo y no lo están ejecutando. La austeridad es necesaria para refocalizar el gasto”, manifiesta Balsells.

Por aparte, Hugo Maúl explica que la propuesta del CIEN, siempre ha sido impulsar la disciplina fiscal y eso implica el control del déficit fiscal, “reducirlo a cero”, para mantener un balance presupuestario donde el Gobierno solo pueda gastar los recursos que logra cobrar a través de impuestos.

“La otra gran reforma pendiente es reformar la manera en que se gastan los recursos, más honesta, efectiva, eficiente y transparente. Mientras no ocurran estos cambios, no habrá un cambio estructural en el país y no hay manera que el país salga de este círculo vicioso: reformas tributarias, endeudamiento y mal gasto público. El pacto fiscal, en su momento hace 10 años, contemplaba que debería existir una disciplina fiscal como el punto medular de la sanidad fiscal. Si eso no se logra, es difícil salir de este círculo vicioso”, asegura Maúl.

El ICEFI, por su parte, ya dirigió dos cartas al presidente Otto Pérez Molina y al presidente del Congreso Pedro Muadi, en donde señalan que los contratos por las obras realizadas no deben pagarse a costa de más endeudamiento y sugieren un proceso gradual de auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas.

Barrientos recalcó: “Se tienen que dar las inspecciones físicas y las auditorías de Gabinete; y se tiene que revisar todo el proceso de legalidad. Una vez los contratos estén libres de gravamen, se le sugiere al Ejecutivo coordinar con las unidades ejecutoras, un plan de varios años en donde poco a poco, los contratos se vayan incorporando al Presupuesto en función de la disponibilidad de recursos”.

A la vez, destacó la importancia de aprobar de las leyes de transparencia, para mejorar la calidad del gasto público.

Durante una semana, antes del cierre de esta edición, se intentó conocer la postura en este tema del Ministerio de Finanzas, sin embargo, el ministro Pavel Centeno no atendió las llamadas telefónicas y el viceministro Dorval Carías notificó que se encuentra fuera del país atendiendo asuntos de índole personal.