La Comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obra Pública establece sanciones con prisión para funcionarios y empleados de centros carcelarios que “ingresen, porten o permitan el ingreso” de celulares a dichos centros preventivos. Los castigos serán destitución del cargo que desempeña y privación de la libertad de ocho a 12 años.

Esta nueva sanción es contemplada en las reformas que la Sala de Comunicación hizo a la iniciativa 4507 con el fin de establecer castigos más drásticos para evitar la generación de violencia a través de extorsiones y robo de aparatos móviles.

Esta nueva disposición fue catalogada como “positiva” por Ricardo Sagastume, representante de las empresas de telefonía (Tigo y Claro), Según Sagastume esto vendría a combatir las extorsiones que grupo criminales utilizan para extorsionar desde las cárceles, así como a dirigir a bandas que se dedican al robo, secuestro y sicariato.

CON APOYO

De acuerdo al presidente de dicha comisión de trabajo, Luis Contreras, la nueva iniciativa de ley sí podría tener el apoyo de los sectores de sociedad civil, así como de las empresas de telefonía, lo cual agiliza aún más su proceso de aprobación en el Congreso, donde aseguró que hay voluntad política para decretar el proyecto de ley.

Otro de los cambios que presenta la iniciativa de ley es que el registro de Identidad Internacional del Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) estará a cargo solamente de las compañías de telefonía y no de la Superintendencia de Telefonía (SIT) como estaba antes.
 
El proyecto de ley también comprende la liberación de los aparatos móviles, para respetar el derecho del usuario de elegir a qué compañía quiere comprar tiempo de aire.