El Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General de Cuentas manifestó esta mañana su desacuerdo a la iniciativa de Ley 4461, que contiene la Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público.

Según los sindicalistas, esta iniciativa coarta las funciones de fiscalización y afecta el régimen laboral de la institución, ya que cae en contradicciones, además que el dictamen que realizó la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales incurre en inconstitucionalidades, porque con su dictamen interfiere en la viabilidad, oportunidad y constitucionalidad de la pretendida norma.
 
Dentro de las incongruencias se encuentra el Artículo 57 que reforma la literal o) del Artículo 13 de la Ley Orgánica, el cual quedaría así: “Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias que establecen las leyes en materia de competencia… pudiendo conceder una rebaja en el monto de las sanciones impuestas, hasta en un ochenta y cinco por ciento”.

Además, que con el Artículo 64 se reforma el 39 de la actual ley, que en régimen de sanciones se propone su aplicación en un rango que va de Q2 mil a Q80 mil y se dispone lo siguiente: “Para el caso de falta de entrega de Declaración Jurada… la sanción corresponderá al 10 por ciento del salario o sueldo mensual… en todo caso las sanciones económicas que impusiere… en ningún caso excederán de un 50 por ciento del sueldo mensual”.