Mantener a la clase política no resulta fácil ni barato para los guatemaltecos, pues desde el 2008 los partidos han recibido más de Q100 millones del Estado, es decir, recursos provenientes de los impuestos.

Solo reportan Q170 millones de financiamiento privado

TSE únicamente tiene como referencia campañas mediáticas, pero los helicópteros y demás insumos no son contabilizados

Además, las agrupaciones han reportado ingresos privados por más de Q170 millones, una cifra que resulta poco creíble y que además implica un alto precio para el país, pues es sabido que, en el poder, los partidos deben pagar a sus financistas con favores y actos que derivan en corrupción, en detrimento del bienestar general.

Según información oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde el 2008 hasta la última contienda electoral, el Estado ha otorgado a los partidos políticos Q101 millones 716 mil 269.9, como resultado de la deuda política generada en las votaciones realizadas en 2007 y 2011.

Esta asignación de recursos del Estado a las agrupaciones políticas se encuentra establecida en el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partido Políticos, la cual indica que los únicos partidos que pueden tener beneficios de dicho financiamiento son los que obtuvieron “no menos del 5 por ciento de los sufragios válidos” en la contienda electoral.

En teoría, el objetivo de esos fondos es fortalecer a los cuadros departamentales y municipales de los partidos políticos, como una forma de democratizar y fomentar la participación ciudadana en la política.

 Sin embargo, esos fondos no están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) y únicamente son supervisados por la auditoría electoral que realiza el TSE, la cual se reduce a un informe presentado por los partidos políticos, donde informan que sí entregaron el dinero de forma equitativa entre sus bases.

Hasta el momento, el TSE no ha sancionado a ningún partido político por no cumplir lo establecido.

La cantidad monetaria que se le entrega a los partidos corresponde a US$2 por cada voto válido en la elección presidencial. Previo al 2004, el Estado solo le entregaba a cada agrupación Q2 por sufragio obtenido, pero el monto aumentó con la última reforma a la legislación.

El magistrado del TSE, Ulises Gómez, considera que el financiamiento público es la manera en que el Estado devuelve a los partidos políticos la confianza en la democracia que otorgaron a los ciudadanos. La finalidad de este financiamiento es fortalecer a los partidos políticos con mayores ventajas en la contienda electoral, según el número de votos obtenidos.

Esto último es lo que los expertos en política electoral ponen en duda, ya que pese al aumento en el financiamiento público los partidos en Guatemala no han logrado fortalecerse. Muchos desaparecen tiempo después de haber gobernado o por el gran alcance de algunas agrupaciones políticas que acaparan el mayor número de votos.

La última entrega monetaria que hará el TSE a los Partidos Políticos será de Q22 millones 289 mil 784.65 correspondientes al año 2013; De esto, el Partido Patriota (PP) y Lider acaparan la mitad de los recursos públicos, ya que ambas agrupaciones recibirán Q10 millones 250,297.13.

Según la Ley, este pago se debe de efectuar en julio y el Ministerio de Finanza entregó los fondos a finales del séptimo mes.

EL DINERO PRIVADO

Los partidos políticos, además de obtener financiamiento público, están facultados por la Ley Electoral y de Partido Políticos para obtener recursos financieros de entidades privadas.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, las agrupaciones políticas recibieron desde el 2008 hasta la actualidad Q171 millones 460 mil 442.76 de instituciones privadas.

De acuerdo a lo establecido en la legislación, el artículo 21 en el inciso e: “Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el diez por ciento (10%) del límite de gastos de la campaña”, que se encuentra en US$.6.8 millones, ya que se permite un dólar por ciudadano empadronado.

Sin embargo, las cifras oficiales no parecen reflejar la realidad; según un estudio realizado por Acción Ciudadana, solo en la última contienda electoral las organizaciones políticas gastaron en publicidad mediática Q58 millones 120 mil 227.06; este cálculo se realizó en base a un monitoreo de pautas en los medios de comunicación por los partidos políticos y el costo que esta tiene dependiendo el tiempo y espacio que la propaganda política ocupaba.

Este monitoreo de medios se realizó durante el año 2010 y 2011 revelando los siguientes datos: El Partido Patriota y la coalición formada por la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) erogaron la mayor cantidad de recursos.

El Partido Patriota gastó 21 millones, mientras que la UNE-GANA Q17.4 millones. Ambas agrupaciones concentraron el 66 por ciento de los gastos erogados antes de la convocatoria oficial a campaña electoral, y 13 partidos más hicieron gastos en precampaña, acumulando el 34 por ciento restante de estos gastos.

Según el informe de Acción Ciudadana, el gasto en propaganda realizada antes de la convocatoria oficial de campaña fue detectado por el TSE, que intentó activar las herramientas que indica la ley, amonestando y sancionando a las organizaciones políticas que no cumplieron con lo dispuesto en la norma. En total el TSE emitió más de 120 amonestaciones y más de 350 multas.

De acuerdo al estudio de Acción Ciudadana, muchos de los partidos políticos impugnaron estas multas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), con lo que lograron retrasar el pago de las sanciones.

¿Esto tiene un precio para los ciudadanos? Aunque los recursos privados no tienen que ver con el Estado, este tipo de financiamiento supone una carga para el país, pues los financistas exigen a los políticos, cuando estos ocupan cargos públicos, que sus recursos les sean reintegrados con creces y esto se realiza en muchas ocasiones, a través de actos de corrupción por medio de contratos del Estado o de influencias que asegura, mantiene o fortalece privilegios

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, explicó que el financiamiento privado también le cuesta caro a los guatemaltecos, ya que se pagan con contratos a las empresas mediante la corrupción, debido a que el gobierno establece acuerdos económicos con sus financistas, los cuales a veces son sobrevalorados o los resultados son de mala calidad.

Los expertos en política electoral expresan que el aumento al financiamiento público le daría más independencia a los partidos, por lo cual se reduciría la corrupción, ya que esta suele provenir del pago por campaña política a los financistas.

¿DATO IRREAL?

Según el reporte del TSE, los partidos políticos han recibido entre el 2007 y 2013, entre financiamiento público y privado, Q273 millones 122 mil 712.55, ante lo cual los expertos en política electoral se muestran escépticos, ya que aseguran que las organizaciones partidarias reciben más recursos de lo que reportan ante las autoridades electorales.

“En realidad hay una situación de financiamiento extra que no lo refleja la contabilidad de los partidos y eso es una situación de la auditoría electoral que debe tratar de establecer otros mecanismos para lograr que se reflejen esos gastos extras”, dijo el magistrado Gómez.

Marroquín opina que la diferencia entre lo que reportan los partidos al Tribunal en gastos y financiamiento es una “mentira total” comparado con la verdad.

El analista aseguró que en realidad el 95 por ciento del financiamiento de los partidos políticos tiene origen privado y esto es debido a que en Guatemala se necesita mucho dinero para ganar unas elecciones, porque “aquí se gana comprando el voto, no con ideas”.

De acuerdo con Javier Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), las campañas electorales en Guatemala se hacen de manera “anárquica”, ya que no hay suficientes regulaciones y controles.

Esto debido a que en el interior del país se desconocen los gastos que genera un político en su propaganda, ya que los partidos concentran todos los gastos e información de la secretaria general, explicó.

En base al control del gasto de las agrupaciones políticas el Magistrado del TSE aseguró que la campaña mediática sí es controlada por el Tribunal, lo que no se puede inspeccionar son los “obsequios” que le dan a los partidos, dentro de los que se pueden enumerar bienes para transportar candidatos (helicópteros), medios de comunicación (teléfonos), recursos para la logística y mítines. Gómez agregó que en eso se debe de trabajar para ver cómo regula y que para eso hay que fortalecer la auditoría electoral.

REFORMAS

El politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Luis Chávez considera que el financiamiento público debe aumentar para fortalecer a los partidos políticos.

El representante del Incep también manifestó que se debería separar la actual legislación que regula a dichas organizaciones, tal como en otros países en los cuales existe una ley específica para partidos políticos y otra que es electoral.

Marroquín expuso que entre las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe primar el fortalecimiento al TSE, donde este pueda definir bien las diferencias entre proselitismo y precampaña, así como endurecer las multas, ya que las que existen actualmente “es un chiste para los millonarios financistas de los partidos”.

El magistrado indicó que ellos también buscan reformas que fortalezcan la institucionalidad del TSE, en la cual se les dé la calidad de “supremo” y que la única instancia que tengan los partidos para apelar una multa sea la CC.

También explicó que buscan que los contratos de la campaña mediática de las agrupaciones políticas estén a cargo del TSE y que se gestiona de acuerdo a la deuda política del Estado con los partidos.

POCA TRANSPARENCIA

Chávez expresó que también se deberían de endurecer los controles para que los partidos políticos también reporten quiénes son sus financistas, lo cual es bastante peligroso, ya que de esta manera no se podría verificar el pago de favores políticos.

De acuerdo a esto, Brolo indicó que actualmente el financiamiento privado de los partidos políticos ya no proviene solo de sus afiliados y del “capital tradicional”, que al grupo de financistas políticos se le ha sumado el “capital emergente e ilícito”, declaró.

El analista de Asies dijo que lo del capital ilícito aún no se ha comprobado, pero que se puede visualizar. “Eso se nota y se calcula”, aseveró.

Es por esta razón que el investigador de Asies indicó que debe ser prioridad que los partidos transparenten el origen de sus fondos, más que establecer un techo de financiamiento.