Autoridades chinas investigan a laboratorio farmacéutico


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Las autoridades chinas iniciaron una investigación al laboratorio farmacéutico francés Sanofi tras un reporte periodístico que acusó a la compañía de dar incentivos a cientos de médicos chinos en 2007.

BEIJING Agencia AP

Una persona cuya identidad no se reveló dijo al 21st Century Business Herald, diario financiero de propiedad estatal y con sede en Guagzhou, que la compañía francesa había pagado a 503 médicos un total de 274 mil dólares para que recetaran los productos de Sanofi, disimulando los pagos como subvenciones para programas de investigación.

La agencia noticiosa oficial china Xinhua reportó hoy que la oficina municipal de Salud de la capital del país colaboraba con las autoridades disciplinarias para investigar los programas de investigación y determinar si los pagos eran realmente incentivos.

Sanofi no ha dado respuesta a una solicitud de declaraciones sobre el caso.

Según el Herald, Sanofi dijo que tomó la denuncia «muy seriamente» e inició una investigación.

La investigación a la firma francesa se produce en momentos en que se investigan, además, irregularidades en el mercado farmacéutico.

El mes pasado, la policía detuvo a cuatro empleados del laboratorio farmacéutico británico GlaxoSmithKline bajo la sospecha de que pagaban incentivos a médicos y hospitales para alentarlos a recetar remedios.

En el deteriorado sistema de salud de China, los bajos salarios y los presupuestos reducidos impulsan a médicos, enfermeras y administradores a aceptar dinero de pacientes, laboratorios y otras fuentes. La práctica es muy conocida desde hace tiempo.

Mientras tanto, la agencia de planificación del gabinete investiga los costos de producción en 60 fabricantes chinos y extranjeros de productos farmacéuticos, según la prensa estatal, quizás como preludio a la revisión de los topes de precios impuestos por el gobierno a medicamentos clave.

En el mercado de la fórmula láctea infantil en polvo, el gobierno multó a seis proveedores, entre ellos la estadounidense Mead Johnson y la neozelandesa Fonterra por un total de 108 millones de dólares por manipulación de precios tras una investigación que sacudió al creciente mercado lácteo.

En esa ocasión, las compañías admitieron que violaron la ley antimonopolios al imponer precios mínimos a los distribuidores, lo que elevó el costo para los consumidores, de acuerdo con las autoridades.