En el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité de Unidad Campesina en conjunto con otras organizaciones bloquearon tramos carreteros principales del país, para exigir mayor inclusión en las políticas públicas del Estado, la aprobación indefinida de la moratoria minera y el cese de ataques a líderes comunitarios por parte de las empresas extractivas.

Los manifestantes denunciaron, principalmente, desigualdad en las condiciones económicas y políticas, y la poca inclusión del sector indígena en la toma de decisiones.

Asimismo, exigieron la aprobación de la moratoria minera, la desmilitarización de comunidades, el cese a la criminalización y persecución de líderes comunitarios y la promoción de políticas públicas a favor de este sector.

“Estamos exigiendo frenar todo tipo de persecución, represión y ataques que están sufriendo los líderes de pueblos y organizaciones por parte del Gobierno y las empresas extractivas. También pedimos el retiro de destacamentos militares de diversas zonas, que el Gobierno actual ha puesto recientemente en el interior del país. Se está pidiendo también la aprobación de la moratoria a este modelo extractivo”, declaró Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Mario Itzep, coordinador del Observatorio Indígena (OI) explicó que además de estas demandas, hay que prestar atención a los demás problemas que atraviesan los pueblos indígenas en el país. 

“No podemos celebrar ni conmemorar este día, cuando muchos guatemaltecos están sufriendo por hambre en las comunidades, y los niños y niñas se están muriendo en el interior del país por desnutrición crónica. El Gobierno no presta atención a estas demandas de los pueblos indígenas en Guatemala, porque la estructura del Estado está diseñada para el bienestar solo de la elite económica”, recalcó Itzep.

El coordinador de OI agregó que el Gobierno no tiene políticas públicas para la protección y el desarrollo de la población indígena y que quiere subsanar la situación creando programas de carácter “asistencialistas” en busca de votos, lo cual no regula ni combate la pobreza extrema en el país.

Itzep subrayó: “La toma de las carreteras es la única manera en que el Gobierno escuche las demandas. De lo contrario, no habría posibilidad porque no existe un sistema de diálogo incluyente. El sistema de diálogo no funciona en Guatemala, aun así es necesario que se reformen algunas leyes para una mayor inclusión”.

Por su parte, el Comisionado Presidencial para el Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel indica que antes de las medidas de hecho, la opción más viable es el diálogo y aunque desconoce las demandas de los pueblos indígenas en su día, destaca que tienen la libertad de expresarse “como mejor les convenga”.

Finalmente, la Cámara de Industria de Guatemala opinó sobre los bloqueos y las pérdidas económicas que podría dejar estas movilizaciones para la industria y el comercio del país.

Fernando López, presidente de la CIG manifestó: “No estamos de acuerdo con que se tomen medidas de hecho, porque esto atenta contra la libertad de locomoción de los ciudadanos y por lo tanto, genera una buena cantidad de pérdidas porque impide el transporte”.