Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), expresa que las condiciones en las que se estarían aprobando los Bonos del Tesoro en el Congreso, no es la más adecuada, refiriéndose a la presunta negociación entre la bancada del partido oficial y diputados independientes, para alcanzar la aprobación de los bonos para el pago de la deuda flotante al Ministerio de Comunicaciones.

Zapata insiste en que esta deuda es ilegal y por lo tanto no se debería honrar.

El ejecutivo de Fundesa manifiesta que el pago de la deuda flotante del Micivi por medio de los Bonos del Tesoro, es un proceso “a todas luces ilegal”, y lamenta que algunos diputados se presten a intereses y negociaciones de carácter individual y no de Nación, al pretender el pago de “deuda con deuda”, augurando efectos negativos en la macroeconomía del país.

“Vemos lamentable que se continúe promoviendo mayor endeudamiento, cuando se debería de generar mayor eficiencia del gasto público. Lo veíamos ayer, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, en donde hay un compromiso político por reducir gastos superfluos y donde hay una mejor eficiencia del gasto público. Esperaríamos que otros ministerios se sumaran a ese esfuerzo”, argumenta Zapata.

Si se incrementara la deuda pública con la aprobación de los bonos y préstamos, el directivo afirma que se superaría el 3 por ciento de déficit fiscal, lo cual resulta negativo para las finanzas públicas del Estado.

El Organismo Legislativo analiza la aprobación a la emisión de bonos por Q3 mil 500 millones, mismos que se utilizarían para inversión. Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina ha manifestado en algunas ocasiones que la mayor parte de estos recursos, si se aprobaran, estarían destinados al pago de la deuda flotante adquirida con empresas constructoras por parte del Micivi.

Zapata expone: “Lo que veíamos es que la Junta Monetaria había hecho un esfuerzo por sentar su postura lo cual era el análisis que había que hacer sobre los bonos. Lastimosamente, cuando vimos el proyecto que se llevó al Legislativo, se incluyen también préstamos que vienen a aumentar ese déficit”.

Para el representante de Fundesa, la emisión de Bonos del Tesoro no están incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, y por lo tanto el pago de la deuda es totalmente ilegal.

“Lo importante es que ninguno de los listados de obras está en el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Republica. Hay que recordar que cuando se aprueba la deuda, tenía que ir acompañada con los contratos directos con los cuales las empresas iban a trabajar. Estos son los mecanismos bajo los que se puede verificar si la deuda es legítima”, aduce Zapata.

Finalmente, Fundesa espera que la aprobación de los bonos y préstamos no se convierta en un impedimento para que Guatemala conserve su calificación y proyecciones de crecimiento en las Juntas Calificadoras de Riesgo en el ámbito internacional.