Los reportes financieros de las principales municipalidades del país dejan ver un reducido gasto durante el primer semestre del 2013; analistas tienen diferentes respuestas para esa situación, como la falta de un norte en políticas públicas, la burocratización de los procesos y la priorización de los rubros de funcionamiento sobre la inversión.

No hay datos de Chiquimula y Totonicapán
Cercos de información dificultan la fiscalización

 En cualquiera de los casos, la población es la más afectada con la falta de gasto público en materia de desarrollo.

En un esfuerzo por conocer el avance de las municipalidades en la ejecución de los presupuestos asignados a programas y proyectos de desarrollo, se investigaron los reportes financieros de las comunas más importantes, ubicadas en las cabeceras departamentales del país.

Se solicitaron los presupuestos directamente a las oficinas de las 22 municipalidades, pero ninguna respondió. La única fuente de información disponible fue el portal del Sistema Integrado de Administración Financiera de Municipalidades (SIAF-MUNI), con  información actualizada hasta junio.

Sin embargo, de las comunas seleccionadas, dos no registran sus finanzas en ese portal: Chiquimula y Totonicapán. Aunque ambas cuentan con páginas de internet, pero no presentan la información de oficio que manda la Ley de Acceso a la Información Pública, entre la que se encuentran los presupuestos.

El resto de municipalidades registran, en promedio, una ejecución del 39[PM1]% por ciento de los presupuestos, lo que parece una cifra reducida si se considera que el reporte contempla el primer semestre de este año.

Analistas consideran que el desempeño de las municipalidades incide directamente sobre la calidad de vida de los habitantes de cada localidad y temen que esta situación implique un retroceso en el desarrollo comunitario.

LOS EXTREMOS

Las municipalidades presentan grandes desafíos, principalmente en la inversión de los recursos para el beneficio de su población.

Algunas comunas presentan cifras considerablemente bajas en sus finanzas, como es el caso de Escuintla y Quetzaltenango, que no sobrepasan ni siquiera el 18 por ciento de esa ejecución  de sus presupuestos. San Marcos, Chimaltenango y Cobán, por otro lado, reportan gastos superiores al 20 por ciento, aunque la cifra todavía se considera reducida.

Existen otras municipalidades que reportan una ejecución presupuestaria promedio de entre el 30 y 40 por ciento, como Antigua Guatemala,  Guatemala, Huehuetenango, Puerto Barrios y Jalapa.

Mientras tanto, la minoría tiene un gasto acorde al tiempo, como es el caso de Cuilapa, Flores, Mazatenango, Guastatoya, Salamá, Jutiapa, Santa Cruz del Quiché, Retalhuleu, Zacapa y Sololá.

LAS CAUSAS

Rubelio Recinos, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indica que esa instancia no tiene acceso al presupuesto interno de cada municipalidad, pero sí supervisa que el Ejecutivo cumpla con el traslado de los recursos correspondientes al 10 por ciento de asignación constitucional, 1.5 de asignación del Impuesto de Valor Agregado y el porcentaje de comisión de los derivados del petróleo así como del Impuesto de Circulación de Vehículos.

No obstante, el representante de la Anam tiene una teoría respecto a la baja ejecución presupuestaria de las municipalidades, en la cual considera que los trámites y la burocracia son un obstáculo para las comunas, especialmente en lo que respecta a los de medio ambiente y las licencias de construcción que tienen relación con instituciones centralizadas.

“Esto implica que las municipalidades tengan que realizar los trámites en la Capital por dictámenes u otros documentos que se necesitan y eso hace que de alguna manera la ejecución se atrase”, dice Recinos.

Además refiere que los trámites de las instituciones son engorrosos y “lastimosamente” no se descentralizan, sobre todo en donde no hay acceso a las diferentes instituciones del Estado.

Sin embargo, espera que en el próximo semestre se agilice la ejecución presupuestaria en las diferentes municipalidades.

Recinos indica que la baja ejecución también se debe a que el primer año de gestión municipal y al principio del segundo las autoridades conocen y aplican los procedimientos, y una vez que se familiarizan con los trámites, la ejecución empieza a agilizarse.

DESCONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su lado, Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC), dice que esto sucede por las nuevas administraciones municipales que reportan baja ejecución por el desconocimiento de procedimientos burocráticos y el temor que implica el manejo de los recursos.

Castillo indica que hay más de 50 alcaldes con proceso de antejuicio precisamente por la malversación de los fondos públicos, y que a pesar de casi dos años en la administración pública no es suficiente tiempo para aprender cómo funciona lo público.

Además, indica que la baja ejecución sucede también por la falta de claridad de hacia dónde dirigir la ejecución de los fondos públicos: “No saben dónde invertir los fondos municipales, la falta de priorización de las necesidades locales, el Gobierno local debería de ser el que ejecute más aceleradamente porque es el que está más directamente en contacto con las necesidades de la población”.

“Muchos llegan al poder municipal sin ningún conocimiento de las prioridades y necesidades locales, y entonces no saben en qué invertir o gastar los recursos”, señala Castillo.
 
Esto, según el entrevistado, se debe a la ausencia de planes de desarrollo municipal, pues el desconocimiento lleva a no saber cómo orientar la misma ejecución municipal, y por el otro lado la crisis que están pasando las municipalidades en materia de persecución de la corrupción en lo local que genera un desincentivo, “prefiriendo no firmar nada” y no ejecutar nada para no verse involucrados en este tipo de actos.

Castillo dice que esto también puede suceder por la lentitud en el traslado de los recursos constitucionales que les corresponde a las municipalidades, que en alguna medida atrasa el proceso de ejecución municipal.

Además, indica que el impacto más directo de la incapacidad del Estado se siente en lo local, porque muchas de las políticas centralizadas de Gobierno que tienen una expresión centralizada en lo local pasan desapercibidas; de hecho muchas comunidades en el interior de la República viven al margen del gobierno central, de las decisiones y políticas del mismo y dependen más de las políticas locales.

Entonces las municipalidades se convierten en la posibilidad de atender las necesidades inmediatas de las poblaciones y en medida que el gobierno local se atrasa en la ejecución, la población no recibe los servicios y bienes públicos que son necesarios para paliar la crisis en muchas comunidades.

Castillo señala que es preocupante que municipalidades tan grandes tengan un nivel de ejecución tan bajo a pesar que presentan desafíos muy grandes y concretos, lo cual hace ver el poco interés de las autoridades municipales para avanzar en el desarrollo de su población.

NO REFLEJAN LA INVERSIÓN

Entre tanto, Eduardo Velásquez del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Usac (CEUR), indica que en la ejecución presupuestaria habría que definir cuánto del total de la asignación se encuentra en gastos de funcionamiento y cuánto se encuentra asignado a la inversión.
 
Los presupuestos del Estado cuando hay muchos trabajadores en las municipalidades u otras dependencias, la mayoría del presupuesto se asigna en los salarios y prestaciones de los trabajadores y naturalmente en los gastos de funcionamiento de estas mismas.

Velásquez dice que en los presupuestos municipales la mayoría de los recursos están asignados a los rubros anteriormente mencionados y una ponderación menor a la inversión; casi siempre se tiene una asignación presupuestaria del 80 por ciento a gastos administrativos y 20 por ciento a la inversión.

Entonces las municipalidades que tienen los recursos asignados de esta manera debería de llevar una ponderación a estas fechas mayor del 55 por ciento, pues son desembolsos mensualmente que hace que se vayan ejecutando los recursos más ágilmente.

Según el analista, la baja ejecución se debe muchas veces a que no se han contemplado los proyectos de inversión –solo de funcionamiento– y segundo, porque en el Estado se paga hasta el final una obra de inversión.

Además, indica que los números de ejecución en este momento no reflejan toda la inversión de las municipalidades porque se tendría que ver cuánto de ese dinero se encuentra comprometido en las obras que ya se iniciaron. “La ejecución se ve en la medida que se pagan las obras, y no es que no se estén haciendo sino más bien no se han pagado”, dice Velásquez.

[PM1] A CONFIRMAR