El asesinato ayer de un Alcalde que buscaba su reelección coloca nuevamente el tema de la violencia electoral en el centro de las preocupaciones porque se ha dicho, con demasiada razón, que este proceso electoral ha estado marcado por el accionar de grupos violentos sin que los aparatos de seguridad y justicia del Estado tengan la menor capacidad para investigar y deducir de esa forma la responsabilidad a quienes están atrás de los hechos criminales.

En un sentido estricto, a los polí­ticos les está ocurriendo lo mismo que les ha pasado a lo largo de los últimos años a miles de guatemaltecos que han perdido la vida en medio de una impresionante y muy terrible impunidad. En el paí­s ni los miembros de partidos, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni en general nadie, puede sentirse seguro porque no hay condiciones para garantizar la vida de los habitantes. Desafortunadamente estamos desbordados por la violencia y todo ello no porque no hayamos tenido acciones de fuerza para contrarrestar el crimen, puesto que durante buena parte de este gobierno se implementaron acciones de limpieza social para subsanar las deficiencias del sistema judicial, sino cabalmente porque al no haber certeza de castigo y en medio del imperio absoluto de la impunidad, cualquiera se siente con facultad de delinquir sin temer consecuencia alguna.

El Estado tiene el compromiso fundamental de mejorar su sistema de administración de justicia, lo que implica mejorar las fuerzas policiales, tener cuerpos de investigación en el Ministerio Público capaces de actuar con capacidad y disponer de jueces con las agallas para aplicar la ley severamente. El combate a la impunidad tendrí­a que ser un desafí­o aceptado y compartido por todos los guatemaltecos porque nadie está a salvo de nada si subsiste la tolerancia absoluta al crimen.

Por ello es que resulta tan preocupante la actitud de nuestros diputados al objetar el apoyo de la comunidad internacional mediante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, puesto que uno entiende que existan grupos que no se quieren poner a sí­ mismos la soga al cuello, pero el resto de los diputados debieran saber que hasta su propia supervivencia y la de los suyos depende mucho de que en Guatemala cese la impunidad. Mientras haya impunidad nadie está a salvo y todos estamos en riesgo de sufrir las consecuencias del crimen que anda campante y feliz porque los representantes del pueblo no quieren aplicar medidas que permitan mejorar la capacidad de investigar para ponerle freno a esa situación de anarquí­a fomentada por el crimen organizado y los grupos paralelos que se benefician de la incapacidad para aplicar la ley. Lamentablemente el aliento al crimen se manifiesta en esas actitudes de quienes llamados a defender y garantizar el estado de derecho, usan argumentos seudolegales para impedir que se pueda combatir la impunidad.