Desde su fundación, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, ha mantenido una vigilante e inclaudicable actitud en defensa de la libre expresión del pensamiento.

Ha sido invariablemente respetuosa de aquellos principios que, como organización gremial la mantienen al margen de sectarismos políticos y, en los campos del civismo, ha contribuido en la medida de sus recursos humanos y sus posibilidades, al predominio de los intereses nacionales frente a cualquier otro tipo de intereses.

Esa posición le ha merecido el respeto de los distintos sectores, a lo cual se debe que, a pesar de los bruscos altibajos que a lo largo de los años se han producido en los intentos de alcanzar para Guatemala una auténtica democracia, la APG, como institución no ha sido víctima de malquerencias.
 
En lo que se refiere a integrantes del gremio periodístico, algunos han sido blanco de sensibles casos de intransigencia o de agresividad de personas, empresas e instituciones que no siendo capaces de combatir las ideas con ideas ni de aceptar con altura e hidalguía las críticas adversas, acuden a nefandos procedimientos de violencia o intimidación contra quienes se manifiestan en oposición a los abusos de poder y las arbitrariedades.

El pasado lunes, la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por una demanda penal que una empresa azucarera promovió contra el Corresponsal del Diario Prensa Libre en Retalhuleu, Rolando Miranda por haber publicado denuncias de los vecinos sobre una posible contaminación de las aguas de un río de la región por los desechos provenientes de la misma.

De conformidad con la Ley de Emisión del Pensamiento, este caso deberá ser conocido por un jurado de imprenta que deberá declarar, conforme a su leal saber y entender, si el hecho es constitutivo de delito o falta, o no lo es.

La APG se solidariza con el Corresponsal, y rechaza este tipo de intimidaciones. En este caso, todo el gremio periodístico debe cerrar filas en defensa de la libertad de expresión del pensamiento, considerada como una de las columnas esenciales para la consolidación de la democracia en el país.

Al mismo tiempo, formula un llamado al Procurador de los Derechos Humanos, a la Universidad de San Carlos, a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a las entidades ambientalistas, para investigar las denuncias de los vecinos.

La APG ofreció su apoyo al Corresponsal, a la vez de exhortar al Diario Prensa Libre, para brindarle todo el respaldo necesario, pues lo que está en juego es el riesgo de coartar la libertad de expresión del pensamiento, que es uno de los pilares para la consolidación de la paz en Guatemala.