El director del Sistema Penitenciario (SP), Édgar Camargo, anunció en el Congreso que licitará compra de bloqueadores de señal, pues los actuales no funcionan en su totalidad.
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La administración anterior demandó a la empresa Alta Comunicación, S.A., que colocó las antenas bloqueadoras; pero aún se encuentra en impasse. Hace algunos meses el Ministerio de Gobernación (Mingob) hablaba de un arrendamiento de bloqueadores con las empresas telefónicas.
El jefe de Presidios admitió, en una citación en el Organismo Legislativo, que los bloqueadores de señal no funcionan en su totalidad y por ello prevén licitar la compra.
En los últimos días ha trascendido el agobio de los extorsionistas hacia la población guatemalteca, incluso hasta los conductores de los camiones de la basura han sido objeto de los grupos delictivos. Las cifras oficiales indican que en el primer semestre del año, 1 mil 504 personas han interpuesto denuncias en la Policía Nacional Civil (PNC) y actualmente se estima que el 75 por ciento de los delitos provienen de los centros carcelarios.
Mientras esto sucede, la demanda contra la empresa Alta Comunicación S.A. se mantiene en impasse desde que la administración anterior la interpuso, pero que nunca avanzó. De forma similar ocurrió en el primer año y medio de gobierno del Partido Patriota (PP).
Este día, La Hora se comunicó con el encargado de la seguridad, Mauricio López Bonilla al igual que con el director de Presidios, sin embargo ninguno de los dos atendió las llamadas.
En su lugar fue consultado Rudy Esquivel, portavoz del SP, quien refirió que lo que se analiza es comprar el servicio de bloqueadores de llamadas.
“Derivado de los aspectos de diagnósticos y por la premura en aspectos de tiempo, lo que buscan las autoridades superiores es efectuar los procedimientos de adquisición de servicio con empresas que pudieran prestar asesoría y ejecución técnica al bloqueo de telefonía móvil celular, digital o análoga si fuera el caso, a un cien por ciento”, dijo.
En abril pasado las autoridades de la Cartera de Seguridad hablaban de un arrendamiento de bloqueadores de señal de celular y en mayo pretendían determinar el diseño que utilizarían para este proyecto, lo que al final no sucedió.
Recientemente las autoridades destacaron que ya no se construirán las cárceles de máxima seguridad que estaban previstas, debido a la burocracia estatal.
“Estamos renunciando a grandes cárceles regionales que dice la ley –que se deben implementar–, porque se necesitan seis meses en una licitación de preinversión y seis meses en la licitación para las empresas, de acuerdo al diseño y los planos, solo ahí perdí un año completo y la construcción se lleva dos años y el equipamiento unos seis meses; estamos hablando de tres años más. Voy a colocar la primera piedra para que el siguiente gobierno decida si continúa alguna construcción”, explicó el Ministro.