Por lo menos 10 presuntos criminales de guerra nazis permanecieron en Estados Unidos a pesar de que las autoridades hace años ordenaron su deportación, debido a que los países donde ocurrieron los crímenes se han negado a recibirlos, halló una investigación de la AP.

Algunos han fallecido, pero cuatro de ellos siguen viviendo en Estados Unidos y tienen derecho a recibir prestaciones del gobierno como seguro social, hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales.

Se trata de Vladas Zajanckauskas en Sutton, Massachusetts; Theodor Szehinskyj en West Chester, Pensilvania; Jakiw Palij en la ciudad de Nueva York y John Kalymon en Troy, Michigan.

Todos han podido vivir sus vidas tranquilas en sus vecindarios durante años, aunque se les ha despojado de su nacionalidad y se les ha ordenado deportar. Otras decenas de sospechosos pudieron gozar de beneficios públicos como el seguro social mientras resistían las gestiones de deportación.

Las autoridades estadounidenses tienen la potestad de deportar a personas de quienes sospecha fueron criminales de guerra nazis, pero no los puede enjuiciar ya que los crímenes no se cometieron en suelo estadounidense. Esa responsabilidad recaería en los países donde ocurrieron los crímenes.

En los 34 años desde que el Departamento de Justicia creó una oficina especial para encontrar y deportar a sospechosos nazis, la agencia ha iniciado procesos contra 137 individuos. Menos de la mitad — por lo menos 66 — han sido expulsados del país mediante deportación, salida voluntaria o extradición.

Al menos 20 fallecieron mientras sus casos se procesaban. En por lo menos otros 20 casos, las autoridades estadounidenses se abstuvieron de implementar las órdenes de deportación, frecuentemente debido al mal estado de salud de los sospechosos, indica un reporte del 2008 del Departamento de Justicia. En algunos casos, el gobierno estadounidense se abstuvo a solicitar la deportación a cambio de que los señalados cooperen en otras investigaciones, según el documento.

Pero el principal obstáculo ha sido la negativa de los países europeos de aceptar a los sospechosos.