“¡Qué bueno, ojalá se murieran todos los ladrones!” “Excelente. A esos hay que matarlos” “Me alegro. Se lo merecía”… Estos son apenas algunos de los comentarios de Facebook y Twitter de esta semana en relación a la muerte “porque le falló” el corazón dicen los médicos, del supuesto autor de la muerte del joven estudiante del Colegio San Sebastián, Leonel Alejandro Guillén Sosa, quien también falleciera como víctima de esa injustificada y salvaje agresión por el robo de un celular.
En el caso del estudiante, las muestras de repudio e indignación por el ataque y su posterior defunción fueron enormes y profundas, basta para ello ver las redes sociales. Si para cada acción hay una reacción esta situación la ejemplifica muy bien. La muerte del maleante es motivo incluso de alegría por todos los que escribieron en las redes sociales y la del estudiante de tristeza y rechazo.
Esta misma semana se supo del asesinato de una abuelita y su pequeña nieta de 5 años en Jutiapa que fueron apuñaladas y golpeadas por ladrones que entraron a su casa a robar y lo cual generó repudio, incluso en una tierra tan violenta como lamentablemente son varios lugares del oriente del país.
Estoy seguro que, pese a las altisonantes voces de defensores de los derechos humanos, si con honestidad se hiciera una encuesta entre los guatemaltecos agobiados por la violencia, la mayoría llegaría a extremos de justificar y aplaudir una “limpieza social”, que no son más que ejecuciones extrajudiciales, o que una persona o grupo de personas tome lo que se llama justicia por cuenta propia, matando a supuestos delincuentes y ser protegidos por su comunidad.
En lo personal, fui testigo de un hecho ocurrido en plena luz del día en la zona 9, cuando unos maleantes en moto, y con pistola trataron de asaltar a una mujer, cuando un automovilista que iba detrás (después estaba yo), salió del carro y desenfundó su arma y estoy seguro que hirió a los dos maleantes que todavía pudieron huir, en tanto el que les disparó fue aplaudido por personas que bajaron de otro vehículo, también con armas en la mano y cual policías de Emetra, se pusieron a desviar el tráfico para que el “héroe” pudiera retirarse antes de la llegada de nuestras flamantes autoridades. Y todo siguió con la normalidad del caso.
La violencia es tal y tan despiadada en estos momentos, que muchos guatemaltecos están dispuestos ser actores de hechos delictivos al linchar o matar a un delincuente o bien aceptar con una pequeña sonrisa en el fondo de su corazón que se realice una “limpieza social”.
En este caso, de muertes extrajudiciales hay quienes se oponen, sin manifestarlo abiertamente, porque dicen que eso sería aprovechado para “deshacerse” de contrincantes políticos. Es posible, pero sería por venganzas personales o ambiciones de ciertos grupos. De todas formas los verdaderos líderes políticos, valiosos para el país como Manuel Colom Argueta, Fito Mijangos, en su silla de ruedas y Alberto Fuentes Mohr, ya fueron asesinados, los que quedan ahora son irrelevantes.
Sin embargo, como persona, no puedo estar de acuerdo con estos métodos que convierten a quienes los ejecutan en delincuentes, aunque sus acciones se justifiquen para la mayoría de personas que ya no soporta tanta criminalidad.
Ni linchamientos, ni ejecuciones extrajudiciales son valederas en un Estado de Derecho, pero lo que sí es válido porque lo regulan la Constitución, el Código Penal y el Procesal Penal es la aplicación de la Pena de Muerte en delitos cometidos por energúmenos., incluso con las bondades de un juicio abierto garantizándose el derecho de defensa que la misma Constitución establece. No pensemos en esa pena como un disuasivo, aunque sí lo es para una minoría de delincuentes en potencia, sino como una limpieza social apegada a la ley, en donde tribunales legalmente establecidos, tras evaluar las pruebas emite esa condena diría que “extraordinaria” e incluso el delincuente puede apelar, interponer recursos a granel para defenderse.
La disyuntiva es: salirnos de la ley para hacer justicia o apegarnos a ella para aplicarla.