La aplicación de la pena de muerte parece inútil en el sector justicia, pues no existen indicios de que sea efectiva para disuadir a los criminales y reducir los índices de violencia. Sin embargo, para los políticos es una herramienta fundamental en discursos y propuestas, aunque en realidad no la apliquen en el país y solo la utilicen como una promesa incumplible para ganar electores.
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Una de las principales voces defensoras de la pena de muerte en el Congreso la tiene el diputado Gudy Rivera, del Partido Patriota. Cuando fue opositor, criticó severamente al gobierno de Álvaro Colom, quien propuso abolir la pena capital y sustituirla por una de “prisión de alto impacto”, que implicaría 75 años inconmutables de cárcel.
Proponiendo la aplicación de la pena de muerte en el país, que se encuentra vigente pero que no se aplica desde 1998, los “patriotas” consiguieron, en su papel de opositores, mucha simpatía electoral y a la vez empujaron a Colom hacia una encrucijada, entre la presión de una sociedad desesperada por la violencia que exigía decisiones radicales y los grupos que insistieron en la defensa de la vida y los derechos humanos.
Finalmente Colom dio un paso al costado y dejó en suspenso la pena capital, pero la polémica dejó ver que Rivera estaba comprometido con la aplicación de la pena de muerte. (Lea: Historia de un polémico veto)
Ahora, en el oficialismo, el Partido Patriota no habla del tema, pasados ya 18 meses del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, a quien sus diputados cautelosamente no han puesto en la misma encrucijada de Colom.
Rivera no atendió a los llamados de La Hora para conocer su postura oficialista del tema y la vicepresidenta Roxana Baldetti, secretaria general de los patriotas, tampoco respondió a las consultas de este vespertino.
Analistas creen que en una sociedad cansada de la inseguridad y la violencia, la promesa de aplicar la pena capital resulta efectiva para los políticos conservadores, aunque ellos mismos saben que no podrán reactivar las ejecuciones, de las que no existe certeza de su efectividad.
LA NUEVA PROMESA
Los roles en la política se han invertido y ahora es el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) el que presiona por la aplicación de la pena de muerte.
Roberto Villate, jefe de la bancada Lider, indica que desde el 2010 se propuso un acuerdo legislativo para preguntar al pueblo de Guatemala sobre si se encontraba de acuerdo o no con la aplicación de la pena de muerte. Si ganaba el “sí” se lograría la aplicación y con el “no” sucedía lo contrario, es decir, la abolición inmediata de esta práctica. Sin embargo, la propuesta nunca avanzó.
Pero durante el gobierno pasado, recuerda Villate, se logró la aprobación de una moción privilegiada para que se aprobara el indulto presidencial, que era una iniciativa del Partido Patriota para reactivar la pena capital, pero al llegar a las manos del entonces presidente Álvaro Colom, la ley fue vetada.
“Hoy que esperábamos que el Partido Patriota aplicara la pena de muerte, mediante un indulto presidencial, y que se aprobara en el pleno tal como se aprobó la reforma fiscal. Ellos (patriotas) han hecho silencio del tema y al final esa brasa debe discutirse, o se implementa el indulto presidencial y se aplica o se procede a la abolición”, señala Villate.
Según el legislador de oposición, su partido logró que se conociera el indulto para dejar fuera el vacío legal que existe en torno a la normativa de la pena de muerte, por lo que considera necesario que este tema se conozca y se discuta.
Villate reitera que si la pena de muerte está establecida en la Constitución debe tomarse una decisión, o se procede a su aplicación o a su abolición, porque mientras “esté allí sin hacer nada refleja en la sociedad que es una norma que no se cumple”.
CUESTIONADA EFECTIVIDAD
Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, indica que Guatemala es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por eso considera que al intentar aplicar la pena de muerte, siendo rechazada por el derecho internacional, se tendrían dificultades también en las relaciones exteriores de Guatemala.
También enfatiza que el castigo no es efectivo. “Lo que se ha demostrado en aquellos países que han aplicado la pena de muerte, es que se les aplica a las personas más pobres y que no tienen defensa, y eso se pudo constatar con los casos de la pena de muerte que se llevaron a cabo aquí en el Guatemala”, señala Mack.
Además indica que en el discurso político es muy fácil utilizar este tipo de argumentos para ganar votos, aunque en muchas ocasiones los políticos que cambian sus discursos, pues se dan cuenta que definitivamente que aplicar la pena de muerte representarían serias dificultades al no seguir los compromisos internacionales.
Mack señala que los ofrecimientos en campaña para aplicar la mano dura han sido engañosos. “Quienes ofrecieron mano dura en El Salvador, como en Honduras tampoco lo pudieron hacer”.
Entre tanto Renzo Rosal director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, indica que en general suceden dos cosas; primero que la promesa de aplicar la pena de muerte, termina con un contenido de carácter electoral para buscar adeptos en un momento para capitalizar a los partidos políticos.
Y el otro sería en ese objetivo puramente electoral de los políticos de desgatar a un partido y potenciar al otro, pero no visualizan con suficiente fuerza lo que implica el marco de pensamiento de la aplicar la “mano dura” que es solamente una frase.
Rosal refiere que el actual Gobierno utilizó esta frase pero ahora ha cambiado ya que recientemente el presidente Otto Pérez Molina al ser cuestionado sobre qué implicaba la mano dura, decía que “mano dura en el cumplimiento de la ley”, con el fortalecimiento institucional-
“Se han dado cuenta que la concepción original, talvez tiene aceptación porque tiene un enorme apoyo de las personas, pero no tiene cabida para ser una forma de respuesta” dice Rosal.
Entonces el hacer esos ofrecimientos resultan un verdadero fracaso como el aplicar la pena de muerte porque al momento de llegar al poder es que se dan cuenta que, en el orden jurídico no la pueden aplicar porque se tiene una limitante en el protocolo de San José, que limita la aplicación de pena de muerte como tal.
NO RESUELVE NADA
En términos políticos la aplicación de la pena de muerte no resuelve nada, sino al contrario podría incrementar la inseguridad del país, estima Rosal.
El analista dice que está claro que la pena de muerte ni siquiera es un disuasivo, ya que termina siendo un mecanismo meramente engañoso que solo cumple con responder a un elemento de una demanda social, pero que en una respuesta en términos concretos a desafíos de inseguridad o de justicia.
“La pena de muerte no sirve ni como disuasorio, sino al contrario los datos arrojan que se disparan los indicadores de violencia cuando se aplica la pena de muerte, hoy por hoy en un mundo global ese tipo de prácticas termina siendo un indicador nefasto inclusive en términos de competitividad, económicos social etc., una pena de muerte seria como la tapa del pomo del retroceso como sociedad” asegura Rosal.
Además señala que finalmente son frases o afirmaciones que no estudian los partidos ni les interesa, utilizándolas como frases del marketing político como parte de estrategias de mercadeo tradicional para agenciarse votos de una ciudadanía, que está demando respuestas prontas ya sean efectivas o no, a problemas de fondo que de pronto se cae a considerar que esa frase de pena de muerte genera votos en el electorado.