La diputada Nineth Montenegro, en declaraciones formuladas a este vespertino, decía el día de ayer que ya todas las compras sin licitar, hechas al amparo del Estado de Calamidad que se originó por el terremoto de San Marcos se habían realizado, dejando entrever la irrelevancia de la derogatoria del mismo por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Y es que como ya todos sabemos, luego del terremoto de San Marcos, el Ejecutivo decretó el Estado de Calamidad para ocho departamentos del sur occidente del País, habiendo sido ratificado por el Congreso de la República y luego prorrogado por este mismo organismo en solo una ocasión, a pesar de que dicha medida se mantuvo durante meses y permitió al gobierno la compra directa sin licitación, amparándose en la emergencia y en un discurso de apoyo a los damnificados. A efecto de mantener dicho Estado de Calamidad en el tiempo, la Junta Directiva del Congreso de la República, en una manifiesta huisachada, había prorrogado el Estado de Calamidad, evitando que se aprobara o no su prórroga por el pleno, a través de enviarlo a una Comisión, a efecto de que en esta durmiera el sueño de los justos mientras el Ejecutivo podía seguir comprando a discreción.

Sin duda es importante resaltar la acción de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, la cual interpuso el amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la resolución provisional de esta Corte que ordenó que el Congreso de la República debía ratificar o no la prórroga del Estado de Calamidad para que este continuara surtiendo efecto, en detrimento de la pintoresca acción de la Junta Directiva del Congreso  y su envió a la comisión.

Si bien, la resolución de la Corte de Constitucionalidad debe de ser aplaudida, es de lamentar que haya que llegar a dichas instancias e interferencia de poderes para que quienes hacen las leyes entiendan que es lo que dicen las mismas, ese, es un ejercicio sumamente peligroso al que ya varias bancadas se han sumado, con la consecuente concentración de poderes en la Corte de Constitucionalidad y la pérdida de credibilidad, si aún es posible, mayor, del Congreso de la República que al parecer no es más que un títere del Ejecutivo.

En todo caso, lo realmente preocupante de todo esto, es que un Estado de Calamidad subsistió ilegal y arbitrariamente por varios meses y dentro del mismo se realizaron, sin duda, innumerables compras sin licitación,  sobre las cuales  ahora se deben de pedir cuentas y  preguntarse sobre la legalidad o no del procedimiento de adquisición de cada una,  luego de que el Estado de Calamidad fue prorrogado en franca desobediencia a la Constitución.
   
El que el Presidente de la República,  en Consejo de Ministros haya derogado luego el Estado de Calamidad, parece no ser más que el corolario de una acción anómala que ya era hora de tapar.
Agradecimiento y disculpa. Al señor César García quien amablemente me hizo ver el error cometido en mi columna anterior.