“No todo lo que brilla es oro”. Este refrán popular se aplica al tema del corredor interoceánico y el proceder del Presidente de la República, ministros y diputados que, a nivel nacional e internacional, están promoviendo el denominado “corredor interoceánico”, infraestructura con una extensión de 372 kilómetros y un ancho de 140 metros, que interconectaría el Océano Pacífico con el Atlántico, a través del territorio nacional, siguiendo una trayectoria más o menos paralela a la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras, iniciándose y terminando en dos puertos marítimos a construirse, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico.

Que se construya un proyecto de tanta envergadura de forma privada sería bueno, aunque no necesariamente exitoso y rentable. Si comparamos 372 kilómetros de un territorio que no es plano, que conlleva atravesar cerros y montañas en el área que se ha publicado, con el territorio que ocupa y conecta en Panamá el Pacífico con el Atlántico, comprobaremos que el corredor interoceánico en Guatemala es cuatro veces más extenso y más oneroso por su longitud y topografía.

El transporte automotor de carga pesada y el ferrocarril que se podrían construir, ambos se mueven a base de petróleo; es decir, diésel, aceites y lubricantes y llantas. En un tracto-camión y en una plataforma para transportar contenedores, más del 50% de sus costos variables son esos elementos.

En el ferrocarril, también, su principal costo variable es el combustible diésel, por ello, los 372 kilómetros de largo en el trayecto son cuatro veces más consumo que el que un automotor o el ferrocarril requieren en Panamá.

Construir dos puertos, patios de carga y descarga, zonas francas requiere que se respete la Constitución de la República, que establece: “son bienes del Estado las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de nuestro territorio”. También, debe respetarse la disposición que “en las fajas fronterizas solo los guatemaltecos de origen y las sociedades cuyos miembros tengan la misma calidad pueden ser propietarios y poseedores”, hecho que si parte de los inversionistas, ya no digamos la mayoría, no son guatemaltecos de origen, constituye impedimento legal en la construcción de dos puertos «disque» privados.

Debe observarse la norma que estipula: “las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos-comerciales se consideran bienes de uso público común”. Por ello, independientemente del no justificado deseo expresado en la decisión tomada recientemente en el Gabinete General, que dispone  que el corredor interoceánico “se declara de utilidad e interés nacional” y, por consiguiente, “el Estado lo protegerá, mediante la emisión de leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones”, ello no supera las normas constitucionales y al ser una inversión privada no justifica la legalidad de lo acordado. Tampoco justifica que las comisiones de Economía y Comunicaciones del Congreso puedan jurídicamente apoyar o avalar dicho proyecto privado. Es más, que los propietarios de esta obra -si se construye- no podrían solo estar sujetos al pago de impuestos porque los puertos y sus instalaciones prácticamente serían una concesión y como tal el Estado tendría que percibir regalías como lo hace el gobierno de Panamá con su Canal.

Soñar no cuesta nada y a veces los sueños se cumplen, por ello no debemos oponernos a la pretensión que en Guatemala pueda crearse un corredor interoceánico como lo viene impulsando un grupo privado, pero todo debe ser transparente y legal.

¡Guatemala es primero!