Según un estudio presentado hoy por la Red Centroamericana de Centro de Pensamientos e Incidencia, la corrupción es un flagelo a nivel regional que contribuye al detrimento de la capacidad moral y funcionamiento de los entes gubernamentales, y al tráfico de influencias en la toma de decisiones y políticas públicas de los Gobiernos. Proponen el fortalecimiento a la Ley de Enriquecimiento Ilícito y a la Ley de Contrataciones del Estado.

Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, indica que la corrupción alcanza no solo a las instituciones del Estado, sino al sector privado y a la ciudadanía en general.

Según el analista, la corrupción también reduce el gasto social, eleva los costos de las inversiones del Estado y se vuelve un obstáculo para el desarrollo del país.

Asimismo, el investigador manifiesta que en Centroamérica, una cuarta parte de los Presupuestos Generales que superan los 7 mil dólares, tienen una alta probabilidad de ser sujetos de corrupción.

Benavides ejemplifica que en las transferencias corrientes no se muestra a la población hacia dónde van los desembolsos de las obligaciones del Tesoro;  pero que lo más preocupante son las compras y contrataciones del Estado, las cuales escapan a los procesos de licitación establecidos en la ley; y que esto deja a Guatemala por debajo de los estándares internacionales de transparencia en el gasto público.

Entre las propuestas de Fundesa para erradicar los niveles de corrupción, está el fortalecimiento de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, para una mejor fiscalización ciudadana y estatal.

“Hacemos un énfasis sobre la necesidad de ampliar el espectro de acción de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, así como actualizar la Ley de Contrataciones del Estado, buscando su homologación en Centroamérica”, argumenta el representante de Fundesa.

Por su parte, el exvicepresidente Eduardo Stein, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), propone que las soluciones de combate a la corrupción deben ser regionales. Stein expone que se debe establecer una cultura de transparencia al vigilar a las instituciones públicas, comenzando por los presupuestos nacionales de la región.

Para Stein, se han mostrado avances en términos de transparencia, pero se debe prestar especial atención a sistemas y programas estatales como Guatecompras, que presentan opacidad en su funcionamiento.