Desde 2010 la revista Foreign Policy y Fund For Peace publican un reporte sobre “Estados fallidos” alrededor del mundo y Guatemala siempre figura en sus listas como un Estado “en peligro” de caer en la referida categoría, aunque algunos afirman que no es tal y otros más que tiene algunas características del mismo, pero que aún cumple con sus funciones y obligaciones hacia la población.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidad que presentó recientemente el Índice de Estados Fallidos de Foreign Policy y Fund For Peace, señala que los aspectos en que Guatemala salió peor evaluada fue en seguridad y desigualdad económica.

De acuerdo con Zapata, las entidades evaluaron variables como la pérdida de control físico en el territorio o la pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la erosión de una autoridad legítima para hacer decisiones colectivas, la incapacidad para proveer servicios públicos razonables, la falta de interacción con otros Estados como miembros de la comunidad internacional, entre otros.

El país se colocó en el 70 lugar de 178 naciones evaluadas; el país mejor posicionado fue Finlandia, en el puesto 1 y el peor, Somalia, en el 178.

“Estar en esa posición quiere decir que estamos en un peldaño de precaución. No es que seamos un Estado fallido y compartimos ese rango con países como Bolivia, China y Colombia”, dijo Zapata.

Al respecto, la politóloga Jeraldine del Cid opina que una de las características que destaca de un Estado fallido es cuando sus instituciones no están funcionando adecuadamente y no tienen capacidades reales de atender las necesidades de la población.

“Podríamos decir que Guatemala a nivel general no es un Estado fallido porque sus instituciones aún funcionan, hay participación de la ciudadanía; el hecho de que haya conflictividad que se demuestra por medio de marchas, bloqueos o plantones, siempre que no sea ilegal o bélica, también demuestra que hay gente organizada y que se entiende dentro de un territorio”, indicó.

“Por otro lado, para que un Estado se considere funcional debe cumplir con cierto estándar de calidad y vemos que sus organizaciones y gobernantes deben ser probos, y en general se observa una administración pública corrupta, nuestros funcionarios públicos están fomentando el resquebrajamiento de una institucionalidad fuerte, a punto de poner en riesgo el funcionamiento del Estado”, anotó.

El analista político Álvaro Pop indica que para evaluar un Estado fallido existen varios parámetros: “Lo que yo pondría para hacer ese análisis es su capacidad de desarrollo en términos institucionales, lo que significa que hay necesidades sociales, hay mandatos constitucionales y hay responsabilidades de los Estados y si en esa triangulación el Estado ha sido o es incapaz de cumplir con esa responsabilidad, empieza a fallar”.

“En esa evaluación yo creo que Guatemala tiene serias limitaciones para convertirse en un Estado desarrollado y capaz de sostener sus responsabilidades constitucionales”, dijo Pop; pese a ello el analista cuestiona el calificativo de “Estado Fallido” porque considera que el término ‘fallido’ implica que en un momento el Estado tuvo la capacidad de cumplir con sus obligaciones, pero que la ha perdido.

EXISTE RIESGO

Roberto Wagner, analista político independiente, señala que para determinar si un Estado es fallido se debe tomar en cuenta los indicadores que se utilizan.

“En base a indicadores internacionales y en lo que se refiere a la presencia y efectividad del Estado dentro de todo el territorio nacional, yo diría que sí existe un riesgo de ser un Estado fallido”, señala.

Esto porque existen áreas dentro del territorio de un país donde no hay ninguna presencia estatal que brinde servicios o atienda problemas de la población; no es lo que muchos piensan, que el Estado no existe en todo el país, agregó.

Según el mandato constitucional y las labores para las cuales se creó el Estado guatemalteco, Wagner opina que no las está cumpliendo en todo el territorio nacional, pues hay áreas en donde no existe presencia estatal con servicios de educación, salud, seguridad, justicia, así como zonas rojas en áreas urbanas donde tampoco existen estos servicios.

El problema en estas áreas es que sí existe un riesgo de hablar de Estado fallido, en el sentido de que no abarca estas regiones; hay regiones en occidente, en Petén, puntos ciegos en las fronteras donde se dice “tierra de nadie” y la autoridad la ejercen autoridades no estatales, cuando tenemos muchos puntos dentro de un Estado con estas características, hablamos de que hay fallas y se está moviendo hacia eso, indicó el analista.

Cuando no hay seguridad, no hay justicia, son las muestras que nos llevan a pensar en ese tipo de situaciones, agregó.

Sin embargo, hace la observación que “un país que cae en esa categoría sería uno como Somalia o la República Democrática del Congo donde no se sabe quién es la autoridad”; cuando no se sabe quién es el responsable de brindarle valores como seguridad, de garantizar su libertad, de garantizar orden y promover la justicia es cuando tenemos un verdadero Estado fallido aplicando esa definición.

Del Cid enfatiza algunos aspectos que podrían llevar a creer que se puede caer en esa categoría que es la falta de confianza hacia las autoridades. “Cuando ves a una persona que fue asaltada e identifica al presunto culpable, en un lugar donde hay presencia policial y prefiere decirle a sus vecinos que allí está el culpable en lugar de ir con la autoridad, se puede decir que las instituciones estatales están fallando a tal punto que la población decide funcionar por su propia manera, como sucede con los linchamientos, que cada vez se generalizan en todo el país”, indicó. 

¿Qué nos dice esto? Las instituciones han fallado que ya no se confía en ellas, estas manifestaciones son características de un Estado fallido; hay muchos indicadores de alarma, como la corrupción, la mala administración de justicia, que amenaza el funcionamiento del Estado y se podría decir que se camina hacia el fallo, agregó.

ESTADO EN CONSTRUCCIÓN 

Según Pop, en Guatemala aún no se ha terminado de construir el Estado ni se ha  articulado la Nación. “El Estado es la capacidad de afuera pero también la capacidad hacia adentro, de tener la exclusividad del manejo de la violencia, para el cumplimiento de la ley y en esta funcionabilidad me parece que no hemos tenido la capacidad total de construir una ciudadanía que respalde lo que el Estado puede estar haciendo, expresó.

“Digo que es un Estado en construcción cuando faltan ciertas cosas como el cumplimiento constitucional, porque no tenemos una cobertura de educación en un 100 por ciento, ni de seguridad en la soberanía, en términos fronterizos, y no porque lo hayamos perdido sino porque nunca lo desarrollamos”, agregó.

De acuerdo con Pop, en Guatemala aún se debe construir la Nación, que se diferencia del Estado en que éste es la representación legal de la Nación. 

Por aparte, Zapata, de Fundesa, señala que para esa entidad es clave fortalecer el estado de Derecho, lo que proponen en “Mejoremos Guatemala”.

Dentro de la propuesta hacemos ver que es necesario hacer una reforma a leyes importantes en el país; creemos que se debe trabajar en las leyes de transparencia, como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de la Contraloría y de la SAT, la Ley Orgánica del Legislativo y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como temas de coyuntura y específicos como la Ley de Minería y de Competitividad, eso fortalecería la institucionalidad del Estado, indicó el entrevistado. 

Obviamente hay aspectos imperativos y estratégicos en los que hay que trabajar, como reducir la desnutrición crónica, mejorar la calidad educativa y disminuir los índices de inseguridad así como reducir la corrupción en el país, dijo Zapata.

Del Cid considera que aunado al “fallo” del Estado y los que lo gobiernan, la ciudadanía se caracteriza por su contribución a dicha situación. “Todos somos el Estado y nosotros mismos estamos propiciando una situación de caos y desorden, es lamentable porque si las cosas no funcionan buscamos otras vías, como es en el caso de la violencia, cuando se busca lo que se conoce como justicia por la propia mano”, indicó.

De acuerdo con la politóloga, la población debería poner atención a problemas como corrupción; “no porque las instituciones son corruptas la población también va a ser parte de eso o votamos cada cuatro  años y creemos que nuestro papel como ciudadanos ya se acabó”.

Del Cid señala que el sistema en general se tiene que recuperar cuanto antes y si no se dan las reformas dentro del mismo sistema, como una Ley de Partidos Políticos, pueden surgir situaciones en su contra, como un estallido social; con tantos dilatores y apagafuegos que mantienen calmada a la población, no se puede descartar ese panorama, en que lamentablemente los cambios pueden ser violentos, manifestó.