Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario (SP), rindió declaración como testigo en el juicio que se lleva en contra de 8 personas, sindicadas de ejecución extrajudicial dentro del caso Pavón.
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El 17 de agosto del año 2010, Giammattei fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita. Luego de resoluciones judiciales que lo favorecieron, el exfuncionario quedó fuera del proceso penal por la muerte de siete reos de la Granja Penal Pavón.
Esta mañana, tres años después, Giammattei narró ante un tribunal la forma en que según él sucedieron los hechos del pasado 25 de septiembre del año 2006, durante la ejecución del Plan de Reestructuración que, aseguró, tenía como directriz retomar el control de las cárceles.
“Las cárceles no estaban en control del Estado, los candados estaban del lado de los reclusos”, señaló, y más adelante agregó: “Pavón se manejaba como un Estado, tenían empresa eléctrica, cobraban el agua, había presidente”.
Por otro lado, señaló, exaltado, al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de obviar documentación en el proceso.
Según refirió, durante todo el operativo en el centro carcelario se presentaron 36 recursos de exhibición personal que supuestamente fueron conocidos por Héctor Federico Mendizábal, juez de Paz del municipio de Fraijanes.
Giammattei criticó que el juzgador habría modificado y mentido en su testimonio ante los jueces competentes, puesto que dicha información no ha sido del todo ventilada en el caso.
Aunque aseguró que se ha reservado presentar la acción de antejuicio contra Mendizábal, no descartó interponer el recurso en los próximos días, ya que consideró que dicha documentación podría señalar directamente a los responsables de la muerte de siete reos de Pavón.
Se buscó la postura de la CICIG, a través del vocero Diego Álvarez, pero no atendió las llamadas a su celular.
ENJUICIADOS
La declaración del otrora director de Presidios, en calidad de testigo fue autorizada por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, a petición de la defensa de Víctor Hugo Soto, quien fue subdirector de Investigación de la Policía Nacional Civil (PNC).
La defensa espera que con dicha declaración, el Tribunal desestime los delitos de ejecución extrajudicial contra los procesados.
Quienes enfrentan debate oral y público son Soto Diéguez, Víctor Manuel Ramos Molina, Axel Arnoldo Martínez Arriaza, Francisco González Ibáñez, Nicolás Camajá Bach, Aldo Stefano Figueroa Díaz y María del Rosario Melgar.
El Ministerio Público (MP) los acusa de los delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita.