La continua guerra publicitaria entre las compañías transnacionales que venden sus servicios a la población guatemalteca, no es suficiente para calmar la ira y malestar de miles de miles de usuarios que día a día sufren las consecuencias de un mal servicio.

Por decirlo así, el monopolio que tienen dichas empresas, las ha empoderado de tal forma que descuidaron desde hace ya varios años la calidad del servicio; su atención en los centros de atención al consumidor y aún más por medio de los número telefónicos denominados call center; pues el anonimato de los operadores les permite en muchos casos ser abusivos e intolerantes con los consultantes.

Desde hace unos tres meses, el servicio telefónico celular ha venido de mal a peor; pues lo más corriente que sucede es el corte sorpresivo de la comunicación; las llamadas saturadas de ruidos extraños (interferencias) provocados o no, es decir, por espionaje o mala calidad de la señal emitida y, la pérdida de señal en lugares donde usualmente no hay problema de comunicación, (en el Parque Central y sus alrededores).

¿Y qué decir del proceso de compra de tiempo de aire? Pues bien, es muy claro que el aire que uno compra, se “va volando” de una forma exageradamente rápida; en la mayoría de casos sin que se haya utilizado el tiempo comprado y en los más, con una sola llamada se “consume” el monto comprado, y ¿a quién reclamarle? ¿en dónde?

Las promociones de ventas de tiempo de aire suelen ser atractivas cada tres o cuatro días, sin embargo, ¿qué autoridad del Estado de Guatemala, controla el correcto tiempo pagado y consumido de los millones de aparatos móviles que son utilizados en el país? ¿Qué autoridad gubernamental garantiza un servicio técnico eficiente para el público consumidor? Y en el caso de las fallas generalizadas de la señal de Internet, ¿por qué razón las empresas no descuentan en la factura mensual o reponen en los módems el tiempo de servicio que está fuera de funcionamiento?

En los centros de atención al público, los empleados tratan de solucionar los problemas que les presentan los miles de usuarios; sin embargo,  en los mismos, no hay jefes, o supervisores, o gerentes responsables que asuman la responsabilidad ejecutiva de solucionarlos, ya sea por mal funcionamiento de los aparatos o bien por la pésima señal emitida por dichas compañías o empresas.

Siempre evaden la responsabilidad de asumir compromisos indicando que “son políticas de la empresa” y con esas palabritas dejan al consumidor como al principio, con el problema no resuelto. 

Ahora analicemos los recibos de cobro, éstos llegan más que puntuales a su destino; aplicando en los mismos el ingrato “redondeo” (una forma más sutil, descarada y tolerada del hueveo), pero bueno, ¿por qué no se refleja allí, en dinero, el descuento del tiempo que no dieron servicio?  ¿Y la DIACO? ¿Para qué sirve? Ya solo falta que nos digan que es una dependencia del Ministerio de Economía que “no es vinculante”, “que no tiene fuerza coercitiva”, “que solo orienta al público” o bien, tal vez nos indiquen que “no es de su competencia” el controlar a las empresas transnacionales que venden el servicio de telefonía fija, celular y servicio de Internet y que presentemos nuestra queja a la  Procuraduría de los Derechos Humanos.

La población de Guatemala que utiliza esos servicios, está sujeta a las veleidades de dichas empresas, por lo tanto, si quiere tener dichos servicios, ¡pague y cállese la boca! porque el Gobierno de la República de Guatemala no tiene CAPACIDAD PARA DEFENDERLO. Ya hablaremos en próxima oportunidad de la señal de cable, los cableros y sus abusos. Hasta entonces…