Cinco de ocho municipalidades del departamento de El Progreso han incumplido con la presentación del informe anual de solicitudes de información recibidas y sus resultados, al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), como lo establece el Artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la que se establece que dicho Magistrado de Conciencia actúa como autoridad reguladora de la normativa.
El Progreso /Agencia CERIGUA
El mencionado decreto indica que son sujetos obligados a otorgar y mantener disponible información pública actualizada, toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, entidades y organismos del Estado guatemalteco, que manejen fondos públicos gubernamentales y deben rendir al Procurador un informe anual a más tardar el último día hábil de enero del año siguiente, indicó el asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (SECAI), de la PDH, Luis Ernesto Rodríguez.
Jorge Serra, miembro de la SECAI, señaló que en este departamento las municipalidades que han cumplido con dicho requerimiento son San Cristóbal Acasaguastlán, El Jícaro y Sanarate, por lo que se ha solicitado al resto un informe circunstanciado al respecto.
A decir de Serra, se tiene por hábito argumentar desconocimiento de la Ley o del procedimiento, por lo que la SECAI ha establecido una plataforma de información de datos, como una herramienta para que los encargados de las unidades de información de las instituciones obligadas realicen y entreguen de forma ágil y eficiente el informe.
En agosto del año pasado el Defensor del Pueblo, Jorge Eduardo De León Duque, recordó a los sujetos obligados sobre dicho compromiso y en enero pasado, en campos pagados lo reiteró, por lo que ha sido necesario proceder con sanciones morales.
De acuerdo con las estadísticas de la PDH, en el 2011 las instituciones gubernamentales recibieron 409 solicitudes, pero en el 2012 disminuyó en 342, aunque hubo incremento de información recibida por cada interesada, lo que refleja que los ciudadanos están más conscientes de su derecho de acceso a la información pública, concluyó Serra.