No es la primera vez que escribo mi opinión favorable a que se aplique la pena de muerte a aquellos convictos que han cometido delitos atroces y que merecen este castigo dando mis propios argumentos y oponiéndome a lo pregonado por algunos entes de la Iglesia y de derechos humanos que se oponen.

Tampoco es primera vez que escribo sobre el asombroso endeudamiento interno y externo que se ha acumulado en Guatemala, según las cifras del Banco de Guatemala. No es la primera vez que hablo sobre temas nacionales “anticipándome un poco” a lo que después dirán, con gritos y pataletas, organizaciones empresariales o políticos, fundamentalmente.

Y es que basta ver la situación actual para que con lógica, cualquier persona pueda percibir que Guatemala está cambiando en su mayoría, hacia lo malo y nefasto. La suma de varios gobiernos corruptos, clientelares, poco transparentes y sobre todo fieles servidores de sus intereses personales y de partido o “financistas”, nos han llevado a esta situación grave para la paz social y la unidad nacional.

Volviendo a la pena de muerte comencemos por afirmar que aunque esta se encuentra contemplada en nuestra legislación ya no se aplica desde hace varios años y a cambio de ello, se dictan sentencias mediáticas del consumo popular de los medios, al decir que a una banda de criminales o a uno de ellos, se les aplican sentencias hasta de mil 600 años de cárcel, cuando la mayoría sabemos que de ella únicamente se cumplirán 50 años, según lo establece nuestra legislación.
  
Lo anterior implica que durante 50 años, los asesinos y delincuentes peligrosos tendrán casa, comida y un pequeño imperio que mandan en la cárcel y que debido a la corrupción imperante, un italiano condenado por violador puede ir a pasear a la Antigua a degustar un buen almuerzo y tragos; o Byron Lima salir y asistir a fiestas cuando le da la gana, o extorsionistas que siguen “trabajando” desde el interior de la cárcel para tener en zozobra a las familias y eventualmente mandar a asesinar a quienes extorsionan; o tener “clases VIP”, en esos centros, por “permiso” de las autoridades… Y lo más jodido es que nosotros pagamos una parte de los servicios que se dan a estos “angelitos”.
 
La misma Convención Americana de los Derechos Humanos en sus disposiciones NO ELIMINA LA PENA DE MUERTE, SINO LA REGULA. Al señalar que esta se aplicará únicamente por delitos considerados como “muy graves”, tras seguirse un juicio apegado a la ley y que el sindicado puede hacer uso de los recursos que considere pertinentes. Desde hace varios años al menos 10 personas que ya fueron condenadas a esa pena (cuando aún los jueces tenían valor para aplicarla), pero por una laguna sobre cómo y quién regula el mal llamado recurso de gracia que debía desaparecer de nuestra legislación por ser totalmente ilegal ya que por la decisión de una persona o un grupo, se viene abajo todo un proceso judicial que ha durado años y donde los victimarios pudieron defenderse, sin que las víctimas lo pudieran hacer por estar muertas. Así de sencillo.

A mí y creo que a muchos, no nos gusta mantener con nuestro pisto y sobre todo tragándome la indignación que  producen los crímenes contra niños, mujeres y ancianos y cualquier ser humano, cometidos por sicarios u ordenados desde esas mismas cárceles contra el dueño  de una tienda o el piloto de un autobús por no pagar la extorsión. Gracias a Dios a los millonarios del país no les importan estas “pequeñeces” porque tienen ejércitos de guaruras que los protegen al igual que a los funcionarios públicos.

Yo respeto los derechos humanos de las víctimas no de los victimarios, porque a ellos no los considero humanos, sino irracionales anormales que son carga para el Estado al tener 16,000 disfrutando del sol mañanero.

Por eso admiro a Dios, porque con el diluvio, las plagas de Egipto y la destrucción de Sodoma y Gomorra debe haber aplicado la pena de muerte a cientos de miles, con justa razón. Amén.