Hoy publicamos un reportaje sobre la institución conocida como Contraloría General de Cuentas de la Nación, llamada por mandato constitucional a ser la fiscalizadora de todos los fondos públicos pero que en la práctica se puede definir como la entidad que apaña la corrupción generalizada que existe en la administración pública. Si por los reparos y sanciones de la Contraloría nos tuviéramos que guiar, diríamos que Guatemala es un paraíso de honestidad donde apenas ocasionalmente uno que otro Alcalde se involucra en malos manejos, pero nunca un Director General, el gerente de una institución autónoma, algún interventor o, peor aún, un Ministro o quienes dirigen los organismos del Estado.

En el reportaje se explica que hay un pecado original que castra a la Contraloría de Cuentas porque el procedimiento para nombrar al Contralor está contaminado por el tráfico de influencias propio de las comisiones de postulación, lo que hace que en la terna al fin propuesta no aparezcan más que los que han pactado y se han puesto de acuerdo para mantener la situación como hasta ahora. No ha habido en la larga historia de la Contraloría una administración que alguien pueda señalar como edificante por sus actuaciones firmes y categóricas en contra de las malas prácticas en la gestión de los recursos del Estado.
 
 Sin embargo, hay que decir que existe también un factor estructural, porque todo está diseñado para que se mantenga la impunidad y para que los funcionarios públicos y sus contratistas puedan hacer lo que les da la gana. Imagine el lector que la Contraloría dice que no puede siquiera auditar las obras de la deuda flotante porque no tiene personal para hacerlo y requeriría más recursos para cumplir con sus deberes. Es un tácito reconocimiento de que incumple su deber constitucional porque no cabe excusa, no cabe pretexto alguno para justificar que miles de millones de quetzales del fisco se gasten sin la menor fiscalización ni control.
 
 La Constitución no dice que la Contraloría debe fiscalizar el gasto público siempre y cuando tenga recursos para hacerlo, ni dice que lo haga cuando pueda. Ya con los fideicomisos tiraron la toalla y no investigan la forma en que millones del erario son dilapidados mediante ese procedimiento usurpado del derecho privado específicamente para encubrir los trinquetes. El simple hecho de que le escamoteen información de fideicomisos a la Contraloría tendría que bastar para certificar lo conducente contra quienes los constituyen y los administran.
 
 Pero al fin de cuentas, el papel de la Contraloría es taparle el ojo al macho. Para eso fue creada, para eso funciona y para eso gasta.

Minutero:

Como no hay fiscalización
se piñatiza el recurso
y de nada sirve el discurso
contra tanta corrupción