Ya es del dominio popular la crisis de valores por la que están atravesando nuestros políticos, como la incapacidad demostrada para manejar la cosa pública. No es ninguna novedad entonces que los proyectos de leyes que se envían al Congreso vayan plagados de errores de diverso tipo, pero fundamentalmente por haber sido elaborados sin argumentos sólidos que los sustenten. El caso de la mal llamada reforma fiscal es uno de ellos, lo que ha provocado diversas reacciones, entre otras, dar marcha atrás, por tantos errores cometidos por este gobierno como por sus predecesores.

El origen o pecado original de lo anterior es la mala elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado, sin ninguna técnica, dejando de lado el cumplimiento de sus normas, como también deberes, mucho menos la obligada revisión de su ejecución, como instrumento de control y medición ciudadana a través del Organismo Legislativo. Digo lo anterior, porque en la página 31, de la edición del Diario La Hora, del martes 16 de julio 2013, se recogieron las declaraciones del intendente de recaudación de la SAT, para no descartar que el presupuesto del año entrante pudiera disminuirse apegándose a los índices macroeconómicos del país.
    Lo anterior demuestra una vez más que el criterio de nuestros burócratas no ha variado ni un ápice. Que todo cálculo de ingresos por tributos lo basan exclusivamente en el tradicional sistema de lo que los contribuyentes vayan a pagar, sin siquiera pensar si tienen la capacidad de hacerlo, para luego restarle lo que se intenta gastar y de ahí sacar la diferencia, lo que  invariablemente implica déficit. Seguimos en las mismas, sin que nuestros gobiernos dejen de hacer lo tradicional, omitiendo la lógica y la búsqueda de la eficiencia como por ejemplo, contener todo  gasto que sea superfluo e innecesario y que todo impuesto vigente se cobre sin  variación alguna.
    ¿Es que nadie, en ningún gobierno, ha podido hacer cálculos de cuánto dinero dejan de percibir por la corrupción, como el tradicional contrabando, teniendo a la vista que nuestras calles, mercados y plazas están repletos de artículos robados o que no pagaron impuestos? Otro caso, ¿hasta cuándo vamos a impedir que el Organismo Legislativo sea el peor ejemplo del  derroche al mantener a 158 inútiles con derecho a hacer lo que les da la real gana y encima de ello, puedan disfrutar de una maquinaria burocrática-familiar que consume muchos millones de quetzales que debieran invertirse en lograr el bien común? Los encargados del manejo de las finanzas, como de los ingresos fiscales del país debieran ser gente proba, pero fundamentalmente competente en las ciencias económico-financieras. No que seguimos viendo las mismas mamarrachadas que por tanto tiempo nos ha tocado ver, en vez de llegar a cumplir con el deber fundamental de velar por el manejo honesto y eficaz de los recursos del Estado.