Sin ánimo de jactancia soy columnista que he insistido en defender los intereses de las comunidades donde se localizan áreas de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, y me he opuesto a las empresas transnacionales que se dedican a la industria minera, a causa de la contaminación ambiental y más daños que provocan sus desmedidas ambiciones, entre otras causas.
Sin embargo y aunque parezca políticamente incorrecto (que es lo menos relevante), ocurren circunstancias coyunturales que las organizaciones ambientalistas y hasta las comunidades afectadas deberían aprovechar para cesar en su oposición sistemática a la política gubernamental en esta materia, o por lo menos propiciar una breve tregua en su confrontación con las autoridades del Estado, especialmente con el presidente Otto Pérez Molina, para intentar lograr avances en sus legítimos propósitos.
Traigo a cuenta este enunciado ante la decisión del gobernante de promover una moratoria en la autorización de licencias para la explotación minera, porque aunque sea un pequeño paso en el dificultoso y largo tránsito hacia el resguardo de la naturaleza y los derechos de las comunidades en adoptar decisiones dentro de sus entornos geográficos y sociales, por lo menos el Presidente ha dado muestras de iniciar una nueva etapa en este ámbito tan díscolo y controversial.
Las primeras reacciones de grupos y personas que se mueven en terrenos ambientalistas fueron de absoluto y rotundo rechazo a la iniciativa presidencial, aduciendo, con razonables argumentos, que esa moratoria debería haberse adoptado antes de que el Gobierno concediera permiso a siete solicitudes. En este sentido podría entablarse un diálogo entre el Organismo Ejecutivo y las comunidades perjudicadas, con la participación de organizaciones que velan por el respeto al medio ambiente y que no se han radicalizado, para establecer la posibilidad de que el Estado rectifique, o que se dilucide mediante una resolución judicial que sea equitativa y transparente.
Sería insensato que sólo por oponerse a todo lo que proyecte, proponga o ejecute el Gobierno, no se reconozca el válido argumento sostenido por el mandatario en torno la debilidad jurídica y operativa del Estado para regular efectiva y eficazmente en las actuales condiciones la actividad minera, habida cuenta que la ley que la norma data de los años 80 del siglo anterior, cuando eran muy diferentes las circunstancias prevalecientes, y de ahí que no se ajuste a las actuales características.
Los mismos empresarios que, asimismo, rechazan la moratoria, aunque por razones totalmente diferentes a los argumentos de ambientalistas y comunitarios, también deberían abandonar ese rígido y jurásico antagonismo a cualquier medida que tienda a la función del Estado subsidiario, haciendo un esfuerzo cerebral para comprender que ciertamente es conveniente la inversión extranjera y doméstica para los intereses empresariales y del país, siempre y cuando no se atropellen derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores y de la soberanía nacional, tomando el ejemplo de las naciones donde ha prosperado la economía social del mercado, mediante la aplicación de reglas claras del sistema capitalista comprometido, modernizado, civilizado y hasta solidario.
Si el Presidente ordena la revisión de las licencias otorgadas, sería una demostración más convincente de su decisión de fortalecer al Estado en salvaguardar el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la minería.
(El comunitario Romualdo Tishudo cita al estadista Winston Churchill:-Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema).