El Ministerio Público (MP) investiga la legalidad de la deuda flotante que se adquirió sin haber estado presupuestada, además indaga si existió un delito por parte de quienes avalaron esa forma de endeudamiento.
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A poco tiempo de que el Congreso de la República pueda conocer la iniciativa de Ley que contempla la autorización para la emisión de Bonos del Tesoro para pagar deuda flotante, surge información de que el MP investiga la legalidad de ese tipo de deuda.
Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, informó que el MP busca determinar si constituye un delito el que se haya contraído deuda flotante sin haber estado contemplada en el presupuesto de años previos.
Según el curso de las indagaciones, la Fiscalía ha determinado que las personas que no cumplieron con todos los requisitos para adquirir la deuda flotante sin haber estado presupuestada, pudieron haber incurrido en los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Por otro lado, Monterroso explicó que también se investiga si dicha deuda es legal o ilegal: “puede ser ilegal y no necesariamente ser un delito”, agregó.
El asesor del MP señaló que si en su oportunidad se determina que la deuda flotante sea ilegal, el caso deberá diligenciarse por medio de un proceso contencioso administrativo.
Monterroso también manifestó que la responsabilidad sobre dicho endeudamiento sería de los funcionarios de Estado que en su momento adquirieron la deuda.
Por último enfatizó que el caso aún está en proceso de investigación. Las pesquisas derivaron de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a inicios del año 2012.
ANTECEDENTES
Luego de que a mediados del año pasado se conociera que el monto total de la deuda flotante era de aproximadamente Q11 mil 750 millones, el Gobierno pretende pagar cerca de Q3 mil 500 millones a empresas constructoras, cuyos contratos cumplirían con todos los requisitos legales, según el Ministerio de Comunicaciones.
La deuda se pagará, de acuerdo al plan del Ejecutivo, mediante emisión de deuda pública interna.
Los nuevos Bonos del Tesoro ya cuentan con el aval de la Junta Monetaria, requisito fundamental para que el Congreso conozca la iniciativa de Ley que autoriza al Ejecutivo para emitir, negociar y colocar esa deuda.
El Congreso de la República, aprueba cada año, una ley que da vida al presupuesto general de ingresos y egresos del año siguiente, donde, entre otras cosas, según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se deben establecer todos aquellos gastos que se estiman se devengarán en el período.
Por otro lado, el artículo 26 de la misma ley, dice que “los créditos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias”, al tiempo que agrega que, “no se podrán adquirir compromisos ni devengar (ejecutar) gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios…”.