El G40 realizó un pronunciamiento respecto a la posible aprobación de Bonos del Tesoro para el pago de la deuda flotante en donde señala que la Contraloría General de Cuentas (CGC) debe hacer una auditoría específica por contrato, previo a la autorización de los pagos, para determinar el cumplimiento de todos los requisitos legales para las obligaciones de pago. 

Con base en dicha auditoría la CGC debe  elaborar un padrón de contratistas, un plan y un calendario de pagos, señaló dicho grupo.

De acuerdo con el pronunciamiento, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberá pagar solo en los casos dictaminados favorablemente por la Contraloría.

Según el G40 se deben aplicar las  sanciones administrativas, pecuniarias o denuncia penal en contra de los funcionarios y personas que hayan podido violar la ley al generar compromisos de gasto público por la suscripción de contratos sin contar con el respectivo crédito presupuestario.

Finalmente señalan que después de la depuración de los adeudos, para que se pague únicamente la deuda legítima y para asegurar que esta sea la última vez que ocurre este tipo de pagos, es necesario erradicar los compromisos de gasto sin crédito presupuestario.