En Guatemala existe la libertad de mercado y de precios, ante lo cual el gobierno no puede intervenir en la política económica, ya que de hacerlo podría provocar, entre otros aspectos, efectos distorsionantes sobre la oferta y la demanda de los servicios controlados.

De acuerdo con el estudio “Liberación de precios tope en Guatemala”, presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), el mercado en Guatemala debe funcionar lo más libre posible sin intervención del gobierno, debido a la experiencia negativa que se dio en el pasado, cuando se propiciaron los precios tope, a mediados de la década de los 80.

El informe resalta que el Estado, mediante sus instituciones, debe garantizar las condiciones de un mercado libre donde se garanticen los precios reales y se propicie la estabilidad de demanda agregada del país, esto a través de políticas fiscales y monetarias que permitan mantener la estabilidad macroeconómica.

La información señala que en 1985 se observó en Guatemala una persistente depreciación de la moneda, que provocó efectos en los precios de los bienes importados y en consecuencia, un alza en general de los precios internos; ante esta situación, el régimen de Oscar Humberto Mejía Víctores decretó la Ley de Protección al Consumidor, que tenía como objetivo controlar y evitar el alza inmoderada en los precios de los productos y servicios.

Esto ocasionó efectos deformantes sobre la economía, sin haberse logrado reducir el proceso inflacionario, al contrario, se generó un estancamiento de los precios, escasez de los productos y presión sobre los precios, que derivaron de una distorsión dentro del mercado.

Cuando el Estado establece precios tope a sus productos o servicios, la oferta de estos se contrae, debido a que no existe motivación para producirlos; cuando se introduce el control de precios, únicamente los consumidores estarán satisfechos, situación que hace que los ofertantes dejen de producir, investigar e innovar, entre otros aspectos.

En 1986, durante la apertura de la era democrática en el país, el gobierno de la Democracia Cristiana propuso un cambio de políticas a la economía, entre éstas la eliminación de los precios tope; esto trajo el crecimiento del consumo privado del 3.5 por ciento, un 0.8 por ciento más que en 1985.

Además existió una recuperación del poder de compra de la población, que fue resultado del empleo que se generó en diferentes sectores productivos, los ajustes saláriales y la reducción del ritmo inflacionario.