Derivado de mi artículo del lunes anterior respecto a que se torna imperativa la sustitución de todos los actores políticos, para intentar superar los graves problemas de conflictividad, rayana en la ingobernabilidad, resultado de la falta de transparencia en los negocios del Estado y todas las vertientes que se ramifican en los ámbitos de la administración pública, afectando especialmente las áreas de la salud, la educación y la infraestructura, recibí en mi buzón electrónico comentarios de amigos y conocidos escépticos en lo que atañe a erradicar a la totalidad de políticos que se han apoderado de los organismos Legislativo y Ejecutivo y otras instituciones, a causa de la corrupción que se han enraizado y extendido en todas las instancias estatales.

Los lectores de esta columna que se comunicaron conmigo coinciden en una premisa que he planteado en varias oportunidades en torno a que el mayor obstáculo para lograr establecer una aproximación al ideal del sistema democrático representativo y participativo, en vez de la caricatura prevaleciente, radica, precisamente, en la casta que se ha arraigado de la dirigencia de los partidos en las escalas nacional, departamental y municipal; pero fundamentalmente de los que encabezan esos colectivos y toman las decisiones que consideran más importantes, los cuales no sólo se resisten a abandonar sus posiciones de privilegio, sino que son los primeros en oponerse a cualquier reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) si se incluyen cláusulas renovadoras que impliquen la fiscalización de los donativos –llamándolos de manera inofensiva– que se utilizan para financiar las campañas electorales y, al mismo tiempo, para la compra de voluntades que redunda en esta porquería de acciones corruptas que ha hundido a Guatemala hasta el pescuezo de la ignominia y la desvergüenza, de manera que no sólo son los políticos los responsables del desastre sino también  empresarios nacionales inescrupulosos y personeros de empresas transnacionales que bajo el paraguas de la inversión extranjera, logran que autoridades instaladas en la cúspide del Estado cedan antojadizamente valiosas extensiones de la geografía nacional para la explotación de recursos naturales..
 
Mientras no se proceda a ejecutar una profunda transformación de la LEPP, incluyendo la redistribución de los distritos electorales, que es determinante  por razones que he expuesto en anteriores artículos, es imposible visualizar la lejana posibilidad de establecer un efectivo sistema democrático que signifique la participación de la mayoría de los guatemaltecos en actividades políticas relativamente decentes, a fin de que no se persista en el mecanismo actual mediante el cual los ciudadanos votan, pero no eligen, es decir, depositan sus papeletas en las urnas y marcan “su preferencia”, pero previamente no tienen la menor oportunidad de escoger a sus candidatos del partido por el cual se inclinen.
 
Cae de su peso que los desprestigiados políticos no van a propiciar esta clase de reformas, de suerte que los guatemaltecos siguen a su merced, incluso los que no votamos o anulamos las papeletas.
 
(Ruego a la Doctora en Comunicación Social ¿Lorena Chacón? que se comunique conmigo, en vista de que extravié su número de teléfono y hasta no estoy muy seguro de su nombre. ¡Despistado que soy! O un lector que la conozca que le avise, por favor. Discúlpeme).