La Asociación de Investigación y Estudios Sociales pidió la aprobación de la Ley de Competencias, para erradicar los monopolios y oligopolios que operan en el país. Iniciativa de ley que busca combatir estas estructuras, continúa pendiente en el Congreso de la República.

Además, consideran que el Gobierno no debe intervenir en la fijación de precios, sino proporcionar mecanismos para mejorar oferta y demanda.

Analistas de ASIES consideran urgente la aprobación de la Ley de Competencias, pues manifiestan que junto con la intervención del Gobierno en la fijación de topes en precios, contribuyen a la existencia de monopolios, así como a la distorsión del mercado, provocando precios excesivos en bienes y servicios en detrimento de los intereses del consumidor.

Además, los analistas esperan que, con la aprobación de la iniciativa de ley, se pueda institucionalizar una dependencia especializada en regularizar y evitar la concentración excesiva de capital por parte de unas empresas en detrimento de las demás.

Pedro Prado, coordinador del área económica de ASIES expone que con la aprobación, las imperfecciones del mercado deberán corregirse mediante la normativa y así promover la libre competencia.

“Debe existir competencia; para esto es importante que se cree en el Congreso una Ley de Competencia que pueda regular. Sabemos que la existencia de los monopolios no conviene al mercado. El Congreso ya tiene en sus manos una posibilidad de regular esto, y obviamente va a resultar en el beneficio de la sociedad guatemalteca”, opina Prado.

Asimismo, proponen el fortalecimiento de la Dirección de Atención al Consumidor en su tarea de control y fiscalización de precios, así como incrementar el salario mínimo para mejorar el nivel de adquisición de bienes o servicios.

Prado agrega: “Debe respetarse la libertad del mercado. No es conveniente que se fijen precios. El Gobierno puede actuar de otra forma para que en el marco de esa libre competencia permita fijar precios a los cuales pueda acceder la mayoría”.

La institución argumenta que cuando el Estado establece precios tope a productos o servicios, la oferta de estos se contrae,  porque ya no existe motivación para producirlos, traduciéndose en pérdida de eficiencia económica y en respuesta de intereses particulares.

Se intentó conocer telefónicamente la opinión del ministro de Economía, Sergio de la Torre; sin embargo se nos indicó que no podía atender la llamada pues estaba en una reunión.