La moratoria de dos años para las nuevas licencias de explotación minera anunciada por el Gobierno es un reflejo exacto de la tendencia populista que asume este gobierno en su afán por levantar imagen luego de un deterioro muy marcado que pesó en las encuestas que sus mismos asesores levantan. Pero hay que ver que se trata de una propuesta para taparle el ojo al macho, puesto que no sólo se otorgaron las licencias ya pactadas antes de promover la moratoria, sino que en la iniciativa del Gobierno ni se pone atención al tema ambiental ni se regula la necesaria consulta popular.

La población en las áreas afectadas por explotaciones mineras ha sido conteste en objetar los proyectos, y en consultas no vinculantes que se han realizado dejaron claro su rechazo. Además de ellos, las pruebas existentes sirven para demostrar que la vista gorda de nuestras autoridades en materia ambiental es aprovechada por los inversionistas para realizar obras que no cumplen con los más altos requisitos porque eso implica altos costos y lo que vienen a hacer es, literalmente, explotar la tierra de estos países para llevarse la máxima ganancia en el menor tiempo posible.
 
 Y para ello han contado con la complicidad de los gobiernos que dando la espalda a los intereses nacionales se dedican a permitir la explotación de recursos no renovables, que una vez sacados de la entraña de la tierra se pierden para siempre, sin demandar una compensación que sea adecuada y coherente con la pérdida, irreparable, que significa la minería.
 
 Más que cualquier otra cosa, lo que urge legislar es el tema de la consulta popular regulada en los convenios internacionales para que pueda tener efectos vinculantes. Urge revisar el monto de los beneficios que le tienen que quedar a Guatemala por permitir que se extraiga su riqueza mineral y tiene que haber una legislación firme para impedir que se contamine el medio ambiente en perjuicio de los habitantes del país.
 
 Son requisitos que los habitantes de los países donde se radican las empresas mineras estarían exigiendo si ellos tuvieran que soportar las consecuencias de una inversión que se lleva, de una vez por todas, la riqueza de la tierra. Son requisitos que los canadienses, por ejemplo, demandarían para compensar la extracción de su riqueza, pero que no demandan cuando se trata de afectar a otros países, a otros pueblos, los que son vistos de menos por esas corrientes de inversión que se ponen la meta de lograr la máxima utilidad en el menor tiempo posible.

Minutero:
Resulta que la moratoria 
solo es una escapatoria; 
hoy se quieren levantar 
con un tema popular